"Todo el sistema de protección integral a la mujer víctima de violencia de género previsto en la Ley contra la Violencia de Género, y el reconocimiento de sus derechos pivota alrededor del concepto de víctima. Por eso, la propia legislación exige un sistema de acreditación administrativa que autentifique y confirme la concurrencia de dicha condición, ya que de ello depende el ejercicio de los derechos y el acceso a los servicios públicos reconocidos a estas víctimas en condiciones de equidad y justicia", recuerda el Defensor.

Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda a Igualdad que "se homogenicen los sistemas de acreditación para los servicios municipales; que se permitan los informes de acreditación de víctimas cuando son asistidas por entidades privadas para aliviar la presión sobre los servicios públicos cuando la víctima está siendo tratada por un servicio privado (servicio médico y/o psicológico) acreditado. Y reconocer la validez de cualquier documento oficial de acreditación de la condición de víctima de violencia de género para proceder al cambio de apellidos en el Registro Civil".