Así figura en el informe anual de esa institución correspondiente a 2025, que su titular, Ángel Gabilondo, entregó este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El lobo ibérico era una especie protegida en toda España desde el 22 de septiembre de 2021, momento en que entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y dejó de ser cinegética al norte del Duero, con lo que su caza deportiva estaba prohibida desde entonces en todo el país.

Esa situación cambió el 2 de abril de 2025, cuando volvió a permitirse la caza deportiva del lobo ibérico al norte del río Duero gracias a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla y León concentran cerca del 90% de los lobos ibéricos en España.

El último censo del lobo ibérico refleja que España cuenta con 333 manadas (un 12% más que en 2019 y lejos de las 500 que garantizan su viabilidad genética), lo que significa que continúa en situación desfavorable y tiene una población de entre 1.600 y 1.700 individuos, una cifra inferior a la del lince ibérico, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

INCONSTITUCIONALIDAD

El Defensor del Pueblo recibió 279 solicitudes para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra ese cambio normativo y recibió quejas contra las decisiones adoptadas por Asturias, Cantabria y Galicia, con cupos de caza y muerte de lobos o un programa anual de actuaciones de control de esa especie.

Tras estudiar detenidamente la ley, la institución dirigida por Gabilondo interpuso el pasado 1 de julio un recurso de inconstitucionalidad contra tres preceptos de esa norma, mientras inadmitió la mayoría de las quejas sobre las medidas autonómicas.

“La interposición del referido recurso de inconstitucionalidad no supone una toma de posición de esta institución sobre el estatuto de protección que debe recibir el lobo en España”, precisa el Defensor, que concreta que esa decisión se basa en un examen sobre la constitucionalidad de la norma.

No obstante, defiende “una perspectiva distinta a la que enfrenta de manera irreconciliable los intereses de sector productivo ganadero, por un lado, y la pervivencia de esta especie en nuestro país, por otro, como si no fuera posible apreciar y defender ambos de manera simultánea”.

El Defensor señala que “el lobo es una de las mayores señas de identidad de la naturaleza ibérica”. “Se trata de uno de los pocos grandes depredadores que existen en los ecosistemas de la península ibérica, en los que desempeña un papel ecológico clave para regularlos, al situarse en lo alto de la pirámide trófica, preservando su salud y equilibrio”, añade.

A este respecto, destaca: “Como depredador cumple una función insustituible, reguladora del equilibrio natural, al controlar las poblaciones de sus presas, evitando la sobrepoblación de herbívoros y salvaguardando el equilibrio y la existencia de la cubierta vegetal”.

“De la salud de los ecosistemas depende, al fin y al cabo, la existencia de la vida en la Tierra, también la de los seres humanos y la de los animales domesticados que constituyen la cabaña ganadera”, argumenta.

SISTEMA “ÁGIL”

Ante los ataques de lobos en explotaciones ganaderas extensivas, el Defensor del Pueblo considera “posible” que haya “un modelo de gestión eficaz que atienda debidamente a los intereses de dichas explotaciones a través de la priorización de la prevención e indemnización de los daños que causan, en lugar de la eliminación física de sus ejemplares”.

Sin embargo, precisa que ese sistema de apoyo a los ganaderos ha de satisfacer “de modo integral” los daños producidos y debe traducirse en “compensaciones justas y rápidas”.

“Las cantidades deben de llegar a los afectados de manera ágil (sin incurrir en los plazos de hoy en día y que no son admisibles) y cubrir la suma de los gastos generados por los ataques, y no solo el mero valor del animal muerto o herido”, apostilla.

Además, aboga por regularse debidamente la valoración económica de los animales, actualizando y ajustando a la realidad los baremos existentes, así como “reducir la complejidad del proceso de verificación de ataques y aumentar su eficiencia”.

“Ha de contar, igualmente, con un sistema de apoyo en la financiación de las medidas de prevención de los ataques, sea a través de la utilización efectiva de los fondos ya existentes, sea con la adición de nuevos recursos para ello”, concluye.