Así se recoge el Informe anual de la actividad de la institución correspondiente a 2023, que entregó este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El documento revela que, según las asociaciones de pacientes, el número de personas electrodependientes con patologías que requieren aparatos utilizables en domicilios particulares sin supervisión de personal sanitario podría situarse "en el entorno de los tres millones".

Pero, según el Defensor del Pueblo, la “única protección específica” que ampara a los pacientes electrodependientes se encuentra en la Ley 24/2013. Esta norma impide suspender el suministro, bajo ninguna circunstancia, a aquellas personas que estén en posición de demostrar con el correspondiente documento médico, que precisan de la conexión a un dispositivo alimentado eléctricamente para mantener su vida.

Sin embargo, “esta previsión no tiene aparejada la concesión de la condición de consumidor vulnerable que permitiría aplicar un descuento en el importe de la correspondiente factura”, destacó la institución.

SUMINISTRO GARANTIZADO Y BONIFICADO

En opinión Defensor del Pueblo, este colectivo debería “tener garantizado el acceso al suministro en condiciones de calidad y debería estar amparado por bonificaciones en el precio de sus facturas similares a las que tienen acceso los consumidores vulnerables, bien por la vía del bono social eléctrico, bien por la de una línea de descuentos que neutralice el sobrecoste que el uso de estos aparatos supone para la economía doméstica”.

Además, aboga por “crear registros” de personas electrodependientes por motivos sanitarios, bajo la responsabilidad de las administraciones autonómicas, para gestionar el conocimiento de esta situación por las empresas comercializadoras y distribuidoras y por las administraciones públicas.

Por otra parte, el Defensor estima que también es necesario “regular normativamente las situaciones de interrupción del suministro” y facilitar a los pacientes electrodependientes aquellos “equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) que garanticen su continuidad ante circunstancias tanto programables como fortuitas”.

Todas estas consideraciones han sido trasladadas por el Defensor del Pueblo a la Secretaría de Estado de Energía, a través de una actuación de oficio en la que se ha recomendado que se tengan en cuenta a la hora de realizar el desarrollo normativo que debe abordar esta cuestión.