Así lo pone de relieve el informe anual del Defensor del Pueblo, que señala que España “sigue sufriendo “unos niveles de desempleo muy superiores a los que tienen los países del entorno, y hay más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro”.

El informe pone en valor, no obstante, las cifras de descenso del paro durante 2021 y recuerda que en el momento más crítico de la pandemia llegó a haber más de 3,6 millones de trabajadores afectados por expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE). En cambio, al finalizar el mes de octubre de 2021, había 239.230 personas, lo que significa que ya habían salido de esta situación más del 93,4 %. Las cifras posteriores a este informe reflejan que a mitad de marzo, las personas en ERTE por covid-19 han caído ya de las 100.000.

“La mejora de los datos de empleo parece indicar que los efectos de la pandemia en el empleo se están superando”, añade el Defensor, quien acoge “favorablemente” medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

También celebra la modificación del Estatuto de los Trabajadores para introducir la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto con la ‘Ley rider’, acordada entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.

Asimismo, subraya también la aprobación de la reforma laboral al término del mes de diciembre y apunta que “el empleo estable y de calidad, sin el cual no es posible una vida digna, debe ser un objetivo irrenunciable de los agentes políticos y sociales”.

Por otra parte, destaca la importancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para avanzar en objetivos como la transición ecológica y valora la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

“Este reglamento integra y actualiza la normativa dispersa sobre programas comunes de políticas activas de empleo, mucha de la cual era incluso anterior a la asunción de las competencias en esta materia de políticas activas de empleo por parte de las comunidades autónomas”, explica el Defensor. Al mismo tiempo, recuerda que se ha iniciado la tramitación del anteproyecto de esta Ley de Empleo, a cuyas previsiones habrá de ajustarse dicho real decreto.

“A falta de aprobación de esta ley y de la necesaria adaptación a este real decreto de la normativa autonómica, debe ponerse de relieve la importancia de la dimensión local del empleo en el diseño de los programas, planes y medidas que contempla y la esperable mayor seguridad jurídica y claridad para la gestión de los programas de empleo que supone su aprobación”, abunda el Defensor, que resalta la relevancia de que estos programas sean evaluados.