Son los principales datos que hizo públicos este martes la institución capitaneada por Ángel Gabilondo, que ha registrado este martes en las Cortes Generales el informe anual de la actividad de la institución en 2025, y ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El informe será entregado el próximo 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán.

En 2025 la institución Defensor del Pueblo tramitó un total de 38.762 expedientes frente a los 34.629 registrados en el ejercicio anterior. Dichos expedientes se desglosan en 38.144 quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, desde la institución se atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial).

Como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la justicia, la Seguridad Social y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.

El mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, las comunidades de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458).

TEMAS DESTACADOS

Además de los datos estadísticos, el informe de 2025 incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución el pasado año que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; con el apoyo a las personas mayores, bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil, o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación; con los problemas que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería; con el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; con cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; además de cuestiones relacionadas con la enseñanza, con el medio ambiente o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.

El informe recoge también la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP). En 2025 el MNP realizó 67 visitas a lugares de privación de libertad.