Así lo expone el Defensor del Pueblo en su Informe anual de actividad en 2025, que Ángel Gabilondo entregó este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El Defensor del Pueblo advierte de que los fallos técnicos provoca “períodos de desprotección” y “desconfianza en los sistemas de protección”, lo que exige reforzar la atención y los protocolos de respuesta.

El informe afirma que entre los sistemas Cometa, el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (Atempro) y los servicios policiales existe “coordinación insuficiente” y problemas de comunicación entre administraciones y juzgados.

El Defensor también documenta en su informe que muchas víctimas de violencia machista presentaron quejas en la institución relacionadas con las pulseras antimaltrato por una cobertura móvil insuficiente, fallos de geolocalización, baterías de corta duración, manipulación fácil de las pulseras por agresores, falsas alarmas y dispositivos antiguos imposibles de usar por mujeres con discapacidad.

En concreto, el informe recoge que en algunos casos los teléfonos utilizados por unidades especializadas “eran antiguos y sin acceso a datos”, lo que dificultaba la comunicación, especialmente para mujeres con discapacidad auditiva.

Entre las medidas que el Defensor reclama en su informe están la renovación tecnológica urgente de dispositivos, la integración total entre sistemas telemáticos y cuerpos policiales, la mejora de protocolos de respuesta inmediata, la formación específica del personal de Justicia, mejoras en la atención especial a víctimas con discapacidad tanto en accesibilidad de dispositivos como de comunicación, reforzar el acceso a los sistemas de protección, y la supervisión rigurosa de contratos tecnológicos.

Además, la institución recordó que estas carencias pueden conducir a victimización secundaria porque la falta de coordinación y los fallos del sistema pueden generar “desconfianza en los sistemas de protección” y aumentar la vulnerabilidad de las víctimas.

El Defensor del Pueblo mantiene abiertas cuatro actuaciones para analizar la calidad y suficiencia de estos servicios y las medidas de seguimiento y control de los contratos con las empresas tecnológicas.