Según informó este viernes UGT, el Defensor ha elaborado una lista con recomendaciones para que se cumplan con el artículo 47 de la Constitución, referido al derecho a la vivienda digna.

El Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en la necesidad de que los poderes públicos garanticen el derecho a la vivienda, promoviendo condiciones necesarias y estableciendo normas pertinentes.

El pasado mes de junio, el Defensor del Pueblo inició actuaciones con comunidades autónomas, ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos de las diez ciudades más pobladas de España. También pidió al Ministerio de Vivienda detalles del próximo Plan Estatal de Vivienda y la construcción de una empresa pública de vivienda.

El Defensor insta a las Administraciones Públicas a incrementar el parque de vivienda pública y protegida, mejorar los procesos de adjudicación (asegurar transparencia), agilizar las ayudas al alquiler, regular el alquiler turístico y aplicar la Ley por el derecho a la vivienda de 2023.

El Defensor del Pueblo reafirma su postura de que la falta de acceso a la vivienda afecta al bienestar, la capacidad de ahorro y las expectativas de vida de los ciudadanos. También concreta que “los jóvenes enfrentan dificultades para emanciparte, con una tasa del 14’8% en 2024, la más baja desde 2006, y una edad media de emancipación de 30,4 años frente a los 26,3 de Europa”.

La entidad también pretende llamar la atención sobre la situación existente, con la intención de que los poderes públicos actúen y se garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. “Consideramos urgente la coordinación entre administraciones para poner todos los recursos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda”, indicaron desde UGT. “Las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda son las mismas que las que no quieren regular los pisos turísticos y provocan la falta de oferta en alquiler residencial”.