El presidente de Convivencia Cívica, Francisco Caja, explicó a Servimedia que su colectivo prestará asesoramiento para acudir a los tribunales a todos los que quieran defenderse contra esta "intromisión ilegítima, anticonstitucional y vulneradora de derechos fundamentales del Gobierno catalán".

Caja se refería así al nuncio realizado por el consejero de Enseñanza catalán, Josep Bargalló, de ERC, según el cual la Generalitat aplicará las sanciones establecidas en la ley del catalán, lo que supone, por ejemplo, que los comercios podrían ser multados por no rotular los establecimientos en el idioma local.

Esta parte sancionadora de la ley del catalán, que contempla multas de entre 3.000 y 600.000 euros (entre 500.000 pesetas y 100 millones de pesetas), no fue aplicada por la Generalitat mientras estuvo en el poder Ci, que fue, sin embargo, el partido que impulsó la aprobación de la norma.

Francisco Caja considera que las sanciones son claramente inconstitucionales, por lo que prestarán ayuda a todos los que resulten afectados por "este atropello de las libertades en Cataluña".