Así lo reclamaron el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; la Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas; la Valedora do Pobo de Galicia, Dolores Fernández; la Diputada del Común de Canarias, Mª Dolores Padrón; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera; y el Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertua, en el encuentro sobre la buena administración.

En su opinión, hay que situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas, lo que implica que las personas intervinientes en el ejercicio de potestades y funciones públicas sean proactivas, se pongan en el lugar de los ciudadanos y les asistan en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, reclamaron que la labor de los servidores públicos “garantice el derecho de los ciudadanos a ser oídos, a recibir información comprensible y a participar activamente en los procedimientos administrativos”.

Así lo plasmaron en la declaración adoptada en estas jornadas en las que elaboraron un decálogo programático sobre la buena administración. Los defensores destacaron la necesidad de asegurar “derechos tan básicos como el de ser atendido de manera presencial y con inmediatez”, y no encuentran justificada “la imposición de cita previa obligatoria o la extensión desmedida de la obligación de relacionarse telemáticamente con la Administración”.

RECURSOS HUMANOS

Asimismo, consideraron imprescindible la dotación de recursos humanos adecuados para la prestación de los servicios públicos, así como la formación continua y la sensibilización del personal sobre los principios y valores de la buena Administración. “Ello exige adoptar medidas para garantizar el relevo generacional y una planificación que permita anticiparse a las necesidades actuales y emergentes”, subrayaron.

La declaración adoptada apunta, además, que la buena administración demanda incorporar la innovación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos. No obstante, ve necesario que una “digitalización responsable en clave social” asegure la transparencia, la seguridad y privacidad de los datos en el uso de herramientas electrónicas.

En cuanto al uso de la inteligencia artificial los defensores reconocieron que tiene un potencial significativo para mejorar la calidad de los servicios públicos, pero pidieron preservar la intervención humana en las decisiones finales, “a fin de proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía y evitar posibles sesgos y discriminaciones”.