Según la federación que preside Marciano Sánchez-Bayle, "estos sistemas de incentivos sobre el ahorro se convierten fácilmente en perversos". Asimismo, considera que generan desconfianza entre los profesionales sanitarios y la población, ya que "ponen en duda los criterios profesionales a la hora de la prescripción de fármacos".

Los defensores de la Sanidad Pública entinden que la política más adecuada para la contención del gasto farmacéutico es la formación e información a los médicos y la evaluación de la calidad de la prescripción de los mismos.