Según informaron fuentes de la Delegación de Gobierno, este acuerdo, aprobado con el respaldo del equipo de Gobierno del PP, “contraviene la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y vulnera los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”.

Además, añaden que “invade competencias estatales y autonómicas en materia sanitaria y carece de base científica”.

Desde la Delegación del Gobierno reiteran su “compromiso con la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la neutralidad institucional en decisiones personales y la garantía de que ninguna administración difunda información falsa o sesgada que atente contra la libertad y la salud de las mujeres”.