El fiscal jefe de Anticorrupción, que tiene abiertas diligencias desde el pasado mes de febrero sobre esos contratos, se opone a entregar las pesquisas con el argumento de que no aprecia malversación de los fondos europeos y de que se trata de un asunto de trascendencia puramente nacional, y por eso ha trasladado un conflicto de competencias a la Fiscalía General del Estado.

Por tanto, la decisión última sobre este asunto corresponde a la fiscal general, Dolores Delgado, que previamente escuchará el parecer de la Junta de Fiscales convocada con urgencia el pasado viernes.

La Fiscalía Europea, cuya representante en España es la fiscal Concepción Sabadell, se dirigió esta semana a Anticorrupción para pedir que entregue la investigación sobre los contratos de suministro de mascarillas con la empresa de un amigo de la familia Ayuso, por los que Tomás Díaz cobró decenas de miles de euros. Esos contratos se realizaron a cargo de los fondos Feder de la Unión Europea, por lo que las pesquisas se centrarían en comprobar si hubo malversación o fraude en el uso del presupuesto comunitario.

La petición se basa en un informe del Servicio Nacional de Cooperación Antifraude (SNPA), el órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Por su parte, Anticorrupción abrió el pasado mes de febrero diligencias de investigación para comprobar si hubo algún ilícito en esas contrataciones y decidir si hay pruebas suficientes para presentar una querella. De partida, esta investigación no se dirigía contra personas físicas o jurídicas y por eso, Luzón no hadado traslado de las pesquisas a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que Isabel Díaz Ayuso es aforada.

El procedimiento tuvo su origen en las denuncias presentadas por los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. El PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, presentaron sendas denuncias después de que la cúpula del PP encarnada por su presidente, Pablo Casado, y su exsecretario general, Teodoro García Egea, apuntaran irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas suscritos por la Comunidad de Madrid de los que presuntamente se lucró Tomás Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña explicó entonces que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo de la familia, como remuneración por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Y entregó documentación relativa a la transacción a Anticorrupción.

El escrito remitido por Luzón a la Fiscalía General del Estado indica que no existen indicios de malversación de fondos comunitarios, puesto que el dinero fue destinado a la compra de mascarillas para luchar contra la covid-19 y es competencia de Anticorrupción investigar los delitos conexos que pudieran haberse producido como los de tráfico de influencias, prevaricación o negaciones prohibidas a funcionarios que se habrían producido en un ámbito exclusivamente nacional.

En cualquier caso, fuentes fiscales indicaron que la Fiscalía española no puede impedir la apertura de una investigación europea por malversación y fraude, pero sí limitar el ámbito de la investigación y dejar en manos del ministerio público nacional los hechos que afecten al funcionamiento de la Administración púbica española.