Sin embargo, el informe señala en relación con el delito ecológico que e derecho penal debe desempeñar un papel limitado en el contexto de protección de los recursos naturales.

Según la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJ de Euskadi, una protección de los recursos basada en la previsión de sanciones "está condenada al fracaso", por lo que se muestra partidario de reservar esta vía jurídica a los supuestos más graves.

Por el contrario, propugna basar la protección del medio ambiente en instrumentos de prevención y educación, reconocimiento de las responsabilidades y laexigencia de reparación de los daños causados.

No obstante, la memoría concluye que la mínima intervención del derecho penal en este tipo de actuaciones "no debe interpretarse como una inaplicación, la norma penal debe aplicarse y como sugiere algún sector doctrinal especializado debe ser mínima en cuanto a las dimensiones, pero máxima en cuanto a la eficacia".