El Consejo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre partes del paquete de medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, que tiene por objeto proteger a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la U E contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Dentro de ese acuerdo, ambas instituciones han decidido establecer un límite máximo en toda la UE de 10.000 euros para los pagos en efectivo, así como la posibilidad de que los estados miembros tengan la flexibilidad de imponer un límite máximo más bajo si así lo desean. Además, las entidades obligadas deberán identificar y verificar la identidad de una persona que realice una transacción ocasional en efectivo entre 3.000 y10.000 euros.

Ante esta decisión, Denaria manifestó en un comunicado su rechazo a esta medida, ya que considera que “no deberían imponerse límites a las transacciones en efectivo, ya que se dificulta significativamente la liquidación de transacciones legítimas utilizando efectivo como medio de pago.

Eso sí, valoró el hecho de que, al menos, este límite es diez veces superior al establecido en países como España, donde la limitación está en 1.000 euros. Este límite está establecido por la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que, para Denaria conlleva “un problema de funcionamiento del mercado único”.

Y esto sucede “al establecer, por un lado, una desventaja competitiva frente a otros países, en especial como destino turístico, y al afectar, por otro, a la libre circulación de capitales”.

“Relacionar el uso del efectivo con el fraude fiscal es una vinculación desproporcionada, porque hoy en día la tecnología ha dado lugar a que la trazabilidad de los flujos financieros ilegales se haya hecho tremendamente complicada”, argumentó Denaria.

En este sentido, indicó que ya “existen modelos más complejos donde la opacidad, la velocidad de las transacciones o su naturaleza transnacional hacen de la ocultación y del blanqueo de capitales una posibilidad real y efectiva”.