Fue etonces cuando la Guardia Civil descubrió un matadero clandestino en una perrera de la localidad cántabra de Maliaño, propiedad de Pedro Luis Gutiérrez Rebolledo, que se encuentra actualmente en libertad bajo fianza.

Desde este matadero clandestino se distribuía carne a establecimientos hosteleros de Cataluña, región en la que fue detenido posteriormente Josep María Oriols, supuesto organizador de la "conexión catalana" en el tráfico ilegal de esta mercancía y que, al igual que Gutiérrez Rebolledo, est en libertad bajo fianza.

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Cantabria estima que los 24 veterinarios ahora denunciados cometieron un delito de imprudencia, al expedir a los ganaderos que las solicitaban guías sanitarias que correspondían a reses muertas.

CONFLICTO DE COMPETENCIAS

Esta asociación intenta probar que los veterinarios autorizaron el traslado de reses muertas fuera de mataderos legales, hecho penado por ley. A su juicio, no sólo deberían haberse negado a ello, sino que tenan que haberlo comunicado a las autoridades.

El proceso del llamado "escándalo de la carne" está a la espera de que el Juzgado número 5 de Santander, el mismo que inició las diligencias, resuelva un conflicto de competencias que ha presentado la Generalitat de Cataluña.

El titular del juzgado santanderino, Jesús Delgado, se inhibió en su día de seguir las diligencias, en favor de los juzgados catalanes, por entender que el delito, si existe, se produjo a la hora del consumo de la carne en Cataluñ.

En un recurso de reforma presentado al Juzgado número 5 de Santander, la Generalitat entiende que el delito contra la salud pública se produjo en Cantabria, opinión que comparte la Asociación de Consumidores y Usuarios. Por ello, el Gobierno catalán estima que debe ser el juzgado santanderino el que siga las diligencias.