Esta entidad señaló que la dificultad probatoria para acreditar la influencia de las drogas en la conducción provoca que jueces y tribunales, con el apoyo de la Fiscalía, dejen “impunes” conductas imprudentes cometidas por conductores drogados.

El hecho de que el Código Penal tipifique como delito específico de seguridad vial solo la conducción bajo la “influencia” de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” y no la simple “presencia”, con la dificultad probatoria que ello conlleva, sirve de argumento para que la conducta de esos conductores quede impune y sin reproche penal.

Ello deja desprotegidas a las víctimas de siniestros de tráfico provocados por conductores drogados, al tener que acudir a “complejos y costosos” procedimientos judiciales civiles, según AEA.

“SORPRENDENTE”

Un ejemplo es el de un motorista que circulaba correctamente cuando fue arrollado en una intersección del barrio de Canillejas (Madrid) por el conductor de una furgoneta que se saltó una señal de ceda el paso y dio positivo en cocaína en la prueba de drogas realizada tras el siniestro.

El motorista sufrió graves lesiones que precisaron de operaciones quirúrgicas y determinaron la declaración de incapacidad permanente total para ejercer su profesión de conductor de camiones.

Según AEA, el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid y luego la Sección número 1 de la Audiencia Provincial de Madrid archivaron el caso sin practicar las pruebas de drogas solicitadas, al considerar que la causa del siniestro no fue debida a una imprudencia grave del conductor, sino a un socavón que existía en la vía.

“Resulta sorprendente que un conductor drogado que se salta una señal de ceda el paso, dejando incapacitado de por vida a un motorista que circula correctamente por una calle, no tenga ningún reproche penal por su conducta y ni siquiera se compruebe si tiene alguna adicción a las drogas, o se le retire temporalmente el carnet de conducir con una sentencia penal, para impedir que siga conduciendo poniendo en riesgo la seguridad vial”, apuntó Mario Arnaldo, presidente de AEA.

Por ello, AEA se dirigirá al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al fiscal de sala de Seguridad vial, Mario Sanz, para pedir “medidas urgentes” ante esos casos.

En 2024, la Dirección General de Tráfico (DGT) incoó 57.580 expedientes sancionadores a conductores que conducían habiendo consumido drogas. Por la dificultad probatoria para acreditar la influencia de ese consumo en la conducción, solo una pequeña parte de esos casos acaban en la jurisdicción penal.