Considera la Asociación que España incumple el Convencio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y pone como ejemplos los casos de los etarras José Ignacio de Juana Chaos, Henri Parot o Juan Manuel Soares Gamboa o el condenado por el triple crimen de Alcácer Miguel Ricart.

Denuncian también "la falta de respeto a la dignidad de las víctimas y la negación de sus derechos básicos como tales", como es la posibilidad de personarse y recurrir los acuerdos de libertad condicional, ascensión en grado pemitenciario o permisos.

Su pretensión es que se condene a España por vulnerar los derechos de las víctimas y que se obligue al Estado "a que el tiempo de permanencia en prisión cuando los delitos son gravísimos no sea ridículo o simbólico".