Según informó el ministerio, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha enviado un escrito a la Fiscalía donde le pide que abra las diligencias pertinentes sobre "un discurso público inaceptable en democracia". En su opinión, este mensaje podría "incurrir en el delito regulado en el artículo 510.2 del Código Penal", que tipifica la incitación al odio, discriminación o violencia contra grupos o personas por motivos de intolerancia. Se refiere a "acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito". El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha enviado también una queja al Defensor del Pueblo en la que señala que en el año 2025 "los púlpitos no pueden ser espacios para estigmatizar".

Firmado por Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de lasPersonas con Discapacidad, el escrito remitido a la Fiscalía indica que las palabras del obispo "podrían colisionar con el corpus normativo vigente de Igualdad de trato y no discriminación, que cristaliza en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud del artículo 10.2 de la Constitución Española". Además, señala que "las afirmaciones expresadas por el obispo Reig Pla en público podrían incurrir en el delito regulado en el artículo 510.2 del Código Penal" relativo a los delitos de odio.

Por otra parte, la Oficina de Atención a la Discapacidad, perteneciente a la citada dirección general, ha abierto un expediente informativo para exigir explicaciones a la Conferencia Episcopal Española por las palabras del obispo, pronunciadas en una homilía en Alba de Tormes (Salamanca), y que aporte una explicación. Asimismo, pregunta qué medidas "piensa aplicar para que mensajes como este no se repitan en el futuro". También le insta a "reprobar ” las palabras “anacrónicas” del obispo y subraya su ofrecimiento de medios para colaborar con la Iglesia católica en la formación en derechos humanos y discapacidad, a fin de que unas declaraciones así no puedan volver a repetirse.