Así lo anunció el ministro Pablo Bustinduy durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que subrayó que estos casi 200 millones de euros están dedicados a los programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil, lo que incluye prestaciones básicas de servicios sociales, pero también la “garantía del derecho de la infancia a la alimentación saludable, al ocio y a la cultura”.

En concreto, estas actuaciones deben orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.

Con este fin, en esta partida se han incluido 65 millones de euros destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza, con ese objetivo fijado por el ministro de combatir las situaciones de vulnerabilidad en estos hogares.

Asimismo, se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa y, también, para financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como ayudas para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar, entre otras.

CONCILIACIÓN

Otro de los objetivos de esta inversión del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo es el de facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y con el apoyo a necesidades puntuales de atención que requieran los niños y adolescentes de estas familias.

Además, se financiarán programas para que estos niños y adolescentes accedan a una alimentación “equilibrada, saludable y nutritiva” también en los periodos en los que no asisten a los comedores escolares.

De igual forma, dentro del paquete de ayudas se reservan 25 millones de euros para “reforzar” los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, una iniciativa que se enmarca en la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (Lopivi).

Por otro lado, en esta inversión el ministerio destacó los más de 100 millones de euros, en concreto 108,7 millones de euros, que se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como otros ámbitos de los servicios sociales como la prevención de la exclusión social de las familias con menos recursos y la inserción de aquellas que lo necesitan.

CONSEJO TERRITORIAL

La propuesta de reparto de esta inversión ya ha sido informada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y será aprobada definitivamente por este mismo Consejo “próximamente”, después de haber conseguido el primer visto bueno este martes, según avanzó el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado.

Para el ministro, la “suma” de esta iniciativa junto a la del decreto de comedores escolares, “dan cuenta” de la “voluntad política” del Ejecutivo de “reforzar la cohesión social, de profundizar en el Estado del bienestar”.

“Y son, desde luego, dos medidas, desde el punto de vista del Ministerio de Derechos Sociales, de especial trascendencia para reforzar la protección social de los niños y las niñas y las familias trabajadoras del país”, concluyó.