Así lo pusieron este miércoles de manifiesto los secretarios de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y Sanidad, Javier Padilla, durante su intervención en el X Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación Edad y Vida.

En el transcurso de su alocución, Martínez subrayó que, para el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, la coordinación sociosanitaria “es un reto prioritario y, sobre todo, es parte de algo mucho más amplio", en referencia al "nuevo modelo de cuidados”.

“El sistema de la dependencia pronto cumplirá 20 años y por primera vez reconoce los cuidados como un derecho subjetivo universal”, puntualizó, al tiempo que reivindicó que, en la actualidad, hay más de millón y medio de personas beneficiarias, más de 2,3 millones de prestaciones, si bien, “a pesar de todo, solo se cubren el 30% de las necesidades de cuidados que se dan en el Estado”.

Y ello, en un contexto en el que, avanzó, “desde luego, las necesidades de cuidados por la transición demográfica que estamos viviendo no van a dejar de crecer”.

CAMBIO DE PARADIGMA

En paralelo, hizo referencia al “cambio de paradigma de cómo las personas quieren recibir el cuidado”, esto es “en su casa, en su entorno y que, además, tanto las circunstancias como sus decisiones personales sean tenidas en cuenta”, convencida de la importancia de que “esta visión también se integre en el cuidado sanitario”.

“Por lo tanto, esta coordinación es un elemento central de un cuidado centrado en la persona, es central proveer estos cuidados sociosanitarios en el ámbito comunitario y esto es especialmente relevante para las situaciones de especial complejidad”. “Si de verdad queremos un cuidado centrado en la persona de base comunitaria, la coordinación sociosanitaria es un elemento fundamental y así lo contemplamos en nuestro cambio de modelo”, apostilló.

En este punto, abogó por desarrollar el marco de coordinación sociosanitario que, dijo, “busca generar una base común para hacer cumplir con un acceso a servicios universales, accesibles y longitudinales con todo lo que supone la coordinación sociosanitaria, pero también la equidad territorial”, al tiempo que indicó que en el despliegue de estrategias como la de desinstitucionalización “la coordinación sociosanitaria es una de las líneas de trabajo y es la base”, al igual que en el caso de la reforma de la ley de dependencia con el fin de que “el sistema se adapte a las personas, no que las personas se adapten al sistema ni a dos sistemas”.

“Por lo tanto, si nosotros desde lo social buscamos un enfoque centrado en la persona, lo sanitario que acompaña muchas veces a ese cuidado tiene que estar igualmente centrado en la persona y tienen que caminar con un mismo objetivo: que la gente mantenga su autonomía el mayor tiempo posible y que pueda vivir en su entorno y en su vivienda el mayor tiempo posible”, aseveró, consciente también de la necesidad de contar con recursos para implementar el nuevo modelo.

PRESUPUESTOS

A este respecto, dijo “confiar” en que en 2026 pueda darse un incremento presupuestario en las partidas de dependencia, si bien también quiso “poner en valor el trabajo que se ha hecho hasta ahora” en este ámbito para afrontar el que considera “un reto de país”.

En la misma línea, el secretario de Estado de Sanidad, reivindicó los avances en la implantación de un marco de coordinación sociosanitario y en los trabajos para intentar crear un “marco de referencia” al que cualquier institución “pueda acudir para que sea una especie de paraguas que refleje las buenas prácticas que se llevan en muchos lugares y contemple las singularidades de cada uno de ellos”.

Por último, urgió a “tener cuidado con la capacidad de fagocitar que tiene lo sanitario hacia lo social”, convencido de la importancia de, también en momentos de crisis económica, “poder proteger presupuestariamente un elemento fundamental como es el ámbito socio sociosanitario” y de que, en los próximos presupuestos, haya “un fuerte impulso muy especialmente a lo que tiene que ver con la atención a la dependencia”.