Así lo anunció este martes el ministro Pablo Bustinduy en el marco del acto ‘Atención temprana, un consenso de país’, en el que se abordó el marco referencial aprobado a comienzos de año para mejorar la atención a niños y niñas de 0 a 6 años un acuerdo nacional y de calidad común que fue rubricado en una conferencia multisectorial del 31 de enero en la que intervino el propio Bustinduy junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, con la participación también de representantes de gobiernos autonómicos, según precisó el ministerio en un comunicado.

Este consenso estatal es el primer acuerdo que se aprueba a nivel nacional para la atención temprana e incluye una dotación económica de 42 millones de euros, en concreto 41.874.524,17 euros, que el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto a disposición de todos los gobiernos autonómicos para que puedan mejorar los sistemas de atención a niños y a niñas de entre 0 y 6 años en sus territorios.

De esta manera, los ejecutivos de las comunidades autónomas que quieran adherirse a esta partida económica, procedente del Fondo Social Europeo Plus, podrán financiar recursos que permitan “reforzar” sus servicios de atención temprana.

Según detalló el departamento que dirige Pablo Bustinduy, gracias a estos fondos se podrán poner en marcha iniciativas como la creación de historias clínicas digitales para cada niño o niña que puedan compartirse, con acceso controlado, entre los servicios de pediatría, educación infantil y atención temprana y se podrán elaborar planes de intervención individualizados para los niños y las niñas que los demanden junto a las familias, así como talleres de formación encaminados a mejorar su atención.

MÁS MEDIDAS

En paralelo, se podrá capacitar a pediatras y a maestros de educación infantil en señales de alarma y en protocolos que permitan una derivación rápida, algo que, según destacó Derechos Sociales, “resulta fundamental para los niños y las niñas que requieren atención temprana”.

Según el ministerio, otro “importante avance” será la posibilidad de hacer cribados en todos los centros de salud del desarrollo infantil en revisiones a los seis, 12 y 24 meses.

Además, estos 42 millones de euros van a permitir desarrollar una base de datos centralizada con registro de todos los casos atendidos, su evolución y los recursos utilizados.

Junto a ello, se digitalizarán los informes de evaluación y seguimiento para que sean accesibles a familias y a profesionales autorizados, se elaborarán informes integrados en el ámbito social, familiar, médico y educativo y se crearán indicadores públicos de calidad y rendimiento, como tasas de acceso por municipio o tiempos de espera medios.

ATENCIÓN SISTEMÁTICA

En su intervención, el ministro Bustinduy reivindicó la “importancia” que tiene el seguimiento y la atención “profesionalizada, sistemática” en los “primeros años de desarrollo de la vida de los niños y las niñas”.

Asimismo, hizo hincapié en que en este consenso se establecen una serie de criterios, entre los que mencionó “la universalidad, la responsabilidad pública, la equidad, la gratuidad, la calidad, la atención a las experiencias concretas en la implementación y en la práctica de las comunidades autónomas, el conocimiento técnico, las propuestas concretas que han venido de cada uno de los ministerios que se han implicado” en su desarrollo.

"El país que merece nuestra ciudadanía es el que representa el consenso de la atención temprana. Es el país que dice que el reparto original de cartas y que unas cartas mal dadas no pueden determinar y lastrar irremediablemente el futuro de nadie. Es el país de las cinco comidas saludables aseguradas para todos los niños y las niñas y, dentro de poco, también en los hospitales y en las residencias del país", aseveró Bustinduy, al tiempo que hizo referencia también a medidas como la prestación universal por crianza, la retribución del tiempo de conciliación con los permisos parentales de cuidados y el avance hacia una fiscalidad "más justa", para que, "quien más tiene y a quien mejor le haya ido en la vida, financie las herramientas para que esta sociedad le garantice un mínimo de condiciones de bienestar y de desarrollo a todos y a todas quienes viven aquí".

Por otro lado, el ministerio señaló que uno de los objetivos fundamentales de este “consenso de país” es reducir los tiempos de espera en atención temprana, ya que, tal y como se explicó en el propio acto, es “vital” para prevenir situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia, así como para mejorar la calidad de vida de los niños y de las niñas.

“Especialmente, en la franja de edad de 0 a 6 años, una etapa que, según apuntan las evidencias científicas, es crucial para sentar las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social. También para promover la inclusión social de los niños y de las niñas que requieren este tipo de atención y potenciar sus capacidades, su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad”, abundó el ministerio.

PUNTOS CLAVE

En este contexto el ministerio puntualizó que “otro de los puntos clave” que incluye este acuerdo marco es el compromiso adquirido por los gobiernos autonómicos para intervenir en atención temprana en 45 días como máximo desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo, el plazo que marca de referencia la GIE (Garantía Infantil Europea), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021.

Además de mejorar los procesos de detención y reducir los tiempos de espera, este acuerdo estatal en atención temprana contempla que las comunidades autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos autonómicos cuenten con una norma que regule específicamente la materia.

En esta normativa se establecerán los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas. El sistema deberá también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación.

En este grupo de medidas se deben establecer, así mismo, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad.

INTERVENCIÓN INTEGRAL

Por otra parte, el documento recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de cada niño y de cada niña, y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente.

A esto se suma que la nueva orientación apuesta por actuar en los entornos naturales de los niños y niñas y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.

Los compromisos adoptados en el consenso aprobado se han estructurado en nueve líneas de acción que se concretan en medidas y en 36 estándares de calidad. Las líneas de acción son planificación, estructuración, organización y financiación; mejorar la calidad de las actuaciones y servicios; implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativa; implementar procesos de colaboración y participación de las familias; promoción de la prevención primaria; facilitar el acceso en condiciones de igualdad y calidad para los niños y las niñas, con reducción de tiempos de espera a un máximo de 45 días; garantizar la valoración e intervención integral; equipos profesionales y formación continua de profesionales implicados y optimizar los sistemas de información y registro.

El acto fue clausurado por Mónica García y contó con las intervenciones de los secretarios de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; Sanidad, Javier Padilla y Educación, Abelardo de la Rosa, junto a representantes de asociaciones, familiares y profesionales del sector, quienes resaltaron que, por primera vez, la atención temprana se esté abordando como una política de Estado con todas las administraciones implicadas.