Así lo anunció el gabinete de Bustinduy en un comunicado en el que precisó que, en total, se van a repartir 432.818.240,70 euros y que, para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos que incluyen, entre otros, la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa Arope), la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales o las tasas de envejecimiento y discapacidad.

Además, se garantiza un porcentaje fijo para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%).

Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir de ese trámite, serán los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.

Las organizaciones que podrán beneficiarse de estas subvenciones serán las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias autonómicas.

Las convocatorias aprobadas por las distintas autonomías van destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social de las personas en situación de pobreza o exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.

CONVOCATORIA 2024

En la convocatoria de 2024 se financiaron más de 10.000 proyectos dirigidos a diferentes colectivos, incluyendo discapacidad, pueblo gitano, personas mayores, infancia o familia.

El Acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales y el SAAD de 18 de junio de 2021 establece un sistema de distribución de dos tramos: uno estatal con el 20% de la recaudación y un tramo autonómico con el 80% de la recaudación, que se transfiere a las comunidades de régimen común para que, en su propio ámbito de competencias, publiquen sus respectivas convocatorias de subvenciones.

El acuerdo alcanzado en 2021 tenía previsto un periodo de vigencia de cinco años, que expiraba el pasado mes de junio, explicó el ministerio.

“Ante esta situación, y atendiendo a los buenos resultados que se han obtenido con este modelo, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulsó y se consiguió un Acuerdo de prórroga por 2 años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028 (que incluye la ejecución de los programas en el año 2029)”, resolvió.

El Consejo de Ministros también dio luz verde al real decreto que desarrolla la Ley 6/2022 de Accesibilidad Cognitiva por la que se regulan las condiciones básicas para garantizar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que la norma establece “cómo debe garantizarse” dicha accesibilidad en “ámbitos esenciales” entre los que citó centros sanitarios, telecomunicaciones, transportes, administración judicial o procesos electorales.