Así lo anunció el gabinete dirigido por Bustinduy en un comunicado en el que defendió que el Gobierno “reafirma así su compromiso con un desarrollo sostenible” en el que los derechos humanos y la justicia social “sean centrales” tras el Día Internacional por los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre.

En concreto, Derechos Sociales va a movilizar 700.000 euros para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que estarán destinados a apoyar los trabajos de este organismo para impulsar un modelo económico “más justo y alineado con los derechos humanos”, así como a fomentar la promoción de mejoras regulatorias que garanticen el “respeto efectivo” de los derechos humanos por parte del sector empresarial.

A su vez, otros 275.000 euros irán destinados a ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Este importe se destinará a “reforzar” su trabajo en el desarrollo de sistemas de cuidados en América Latina y el Caribe, contribuyendo a “visibilizar y revalorizar socialmente” un trabajo “esencial, generalmente invisibilizado y realizado mayoritariamente por mujeres”, contribuyendo así a economías del bienestar “más inclusivas”.

La contribución económica permitirá, además, mejorar las políticas públicas en materia de cuidados y la generación de conocimiento en esta materia, así como posibilitar intercambios de experiencias entre países de América Latina y España en este ámbito.

Derechos Sociales subraya que esta inversión responde a la necesidad de consolidar políticas públicas que sitúen a las personas en el centro de la acción institucional, en un contexto internacional marcado por “crecientes desafíos” y por el cuestionamiento de la centralidad de la agenda de derechos humanos y del desarrollo sostenible, que, a su entender, convierten en “más necesaria que nunca” una respuesta “firme y coordinada en favor de la justicia social, la igualdad y la dignidad de todas las personas”.