Según informó este martes la Policía Nacional en un comunicado, la investigación arrancó a raíz de la información remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social, que alertó sobre posibles irregularidades en varias empresas vinculadas entre sí y gestionadas a través de una misma gestoría. Las primeras pesquisas permitieron detectar un "patrón común", basado en la creación de sociedades sin actividad económica verificable, pero dadas de alta en la Seguridad Social.

Uno de los primeros indicios se localizó en la empresa principal, cuyo domicilio social correspondía a una vivienda particular en la que no se desarrollaba ninguna actividad económica. Los responsables, tanto de esta como de otras mercantiles, resultaron ilocalizables pese a figurar formalmente como administradores.

Los investigadores destacan que estas sociedades compartían características similares, tales como administradores extranjeros sin arraigo en España, domicilios ficticios -en ocasiones ubicados en espacios de 'coworking'-, cambios frecuentes de titularidad y ausencia de actividad económica. Así, trataban de dificultar el control por parte de las autoridades, lo que favorecía la "continuidad del fraude".

Los agentes descubrieron que tras estas empresas se ocultaban terceras personas que dirigían realmente la operativa, utilizando a los administradores como testaferros y coordinando la contratación de trabajadores sin que existiera una relación laboral real.

Con el paso del tiempo, detectaron la existencia de trabajadores dados de alta simultáneamente en varias empresas situadas en provincias no limítrofes, llegando incluso a figurar prestando servicios el mismo día en diferentes puntos de España, lo que les permitía generar derechos de cotización que posteriormente eran utilizados para solicitar prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

De este modo, la investigación permitió acreditar que al menos 30 supuestos trabajadores llegaron a percibir dichas prestaciones tras cesar su actividad en las empresas investigadas, causando "un importante perjuicio económico al sistema público", el cual asciende a 162.030 euros. En muchos casos, los beneficiarios abandonaban posteriormente el país mientras continuaban percibiendo las ayudas.

De forma paralela, los agentes detectaron una red de sociedades interconectadas que emitían facturas por servicios "poco definidos", sin concreción sobre los trabajos realizados ni los periodos de ejecución, siendo investigada por posibles delitos relacionados por defraudación del IVA y el Impuesto de Sociedades.

El análisis realizado reveló discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios, así como la existencia de intermediarios que suministraban mano de obra a explotaciones agrícolas sin que los contratantes conocieran la identidad real de los responsables.

En este entramado, una asesoría desempeñaba un "papel relevante" al encargarse de la gestión administrativa de las sociedades, incluyendo la tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social, así como la elaboración de contratos, nóminas y documentación tributaria. Según las investigaciones, estas gestiones se realizaban mediante el uso de certificados digitales de los administradores formales sin su intervención directa.

Como resultado de la operación, se ha determinado la responsabilidad penal de 36 personas, de las cuales 12 han sido detenidas y puestas a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, delito de falsedad documental y usurpación del estado civil.