Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, cada migrante pagaba una media de 3.000 euros por el viaje y se estima que los traficantes habrían logrado un beneficio de 612.000 euros.

En el dispositivo para desarticular las dos redes criminales participaron cerca de 100 agentes, que realizaron tres entradas y registros en los domicilios de los líderes de las organizaciones en Sotogrande (Cádiz), Lorquí (Murcia) y Lanzarote (Las Palmas).

En los registros se intervinieron numerosos dispositivos de almacenamiento de datos, así como documentación relativa a las transacciones económicas para costear el viaje en las pateras.

La operación se saldó con el arresto de ocho personas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Tres de los arrestados permanecen en prisión provisional.