Según informó este martes el Instituto Armado, en la operación han sido detenidas cinco personas y se ha imputado a otras 15 por el tráfico ilegal de más de 41.000 toneladas de residuos plásticos a nivel nacional e internacional.

La investigación comenzó a finales de 2022 tras localizar un vertedero ilegal con miles de toneladas de residuos plásticos en una antigua ladrillera del Bierzo (León), que carecía de las autorizaciones ambientales necesarias.

Los agentes detectaron que la mayoría de los residuos almacenados eran plásticos agrícolas procedentes de Francia y Portugal, transportados por camiones portugueses aprovechando viajes de retorno entre ambos países, siendo depositados en esas instalaciones y en otras ubicadas en La Bañeza (León) y Alberic (Valencia).

La organización trasladó ilegalmente más de 18.800 toneladas de residuos desde Francia y Portugal a España. Parte de esta basura era abandonada en las instalaciones y el resto era enviado de manera ilegal a terceros países, detectándose traslados de cerca de 22.785 toneladas a países como India, Turquía, Vietnam o Malasia.

TÓXICOS EN LOS RESIDUOS

El Seprona tomó muestras de 16 residuos almacenados en la Comunidad Valenciana, detectándose tóxicos en 15 de ellas tras ser analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.

Los investigadores descubrieron que los implicados contactaban con empresas de gestión de residuos plásticos de Almería para cargar contenedores ocultando los residuos mediante una "tapadera" de balas de plástico limpio en la parte delantera, dificultando su detección en inspecciones.

La Benemérita ha registrado cuatro empresas sede de 16 sociedades, inspeccionado otras cuatro y registrado dos viviendas, interviniendo documentación y miles de toneladas de residuos en instalaciones clandestinas.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La investigación ha contado con el apoyo del programa europeo 'Copernicus' para analizar el medio ambiente, así como la colaboración de Eurojust, Europol, la Gendarmería Nacional Francesa y la Policía Judiciaria Portuguesa.

El juzgado de instrucción número 1 de Ponferrada ha decretado prisión provisional para el cabecilla de la trama y ha emitido 21 órdenes europeas de investigación para obtener información necesaria en el desarrollo de las diligencias.

Las autoridades competentes en materia de residuos, como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Servicio de Residuos de la Junta de Castilla y León, han colaborado elaborando los correspondientes informes técnicos.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Seprona de León con apoyo de otras unidades de la Guardia Civil como el Servicio de Información, Servicio Cinológico y unidades de Seguridad Ciudadana de varias comandancias.

El caso está siendo dirigido por el Juzgado número 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Área de Medio Ambiente y Urbanismo de esta localidad leonesa.