La demanda de Ruiz Mateos se dirigía contra el artículo quinto de la Ley de Expropiación de Rumasa, de 1983, n la que se disponía que "las participaciones expropiadas no estarán sujetas al derecho de reversión".

Ruiz-Mateos consideraba que la imposibilidad de ejercer el derecho de reversión en la expropiación de Rumassa violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al impedirle el acceso a los tribunales, además de ser una medida discriminatoria respecto a otras expropiaciones.

La Comisión Europea de Derechos Humanos desestima en su resolución ambas reclamaciones. A juicio del Ministerio de Economía,"queda zanjada favorablemente para el Gobierno español la cuestión de la conformidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos de la Ley de Expropiación de Rumasa".