En declaraciones a Servimedia, Marchal contextualizó este fenómeno a raíz de lo ocurrido tras el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). La propia Universidad de Nebrija alertó esta semana, tras el siniestro, de que las redes sociales han cobrado un protagonismo importante en los últimos años en situaciones de catástrofe, emergencia o crisis porque permiten la monitorización casi en tiempo real de lo sucedido, y son un canal para que las fuentes oficiales puedan emitir comunicados y noticias.

El experto explicó que la desinformación “tiene como fin último la manipulación” y subrayó que no se trata de mensajes espontáneos, sino de “ataques dirigidos y orquestados” que aparecen en momentos de incertidumbre y falta de información con el objetivo de “sembrar el caos, la polarización, desestabilizar y generar desconfianza en las instituciones”. Según indicó, este tipo de campañas puede derivar en una crisis paralela a la emergencia material, obligando a las autoridades a afrontar simultáneamente lo ocurrido físicamente y los efectos de la desinformación en redes sociales.

En relación con las posibles respuestas frente a estos bulos, Marchal afirmó que la medida más eficaz es la alfabetización digital, tanto en edades tempranas como en la población adulta, al señalar que cualquier usuario de redes sociales es un objetivo potencial de estas campañas. El experto defendió que dotar a la ciudadanía de mecanismos de ciberresiliencia permitiría que el impacto de estas acciones sea “prácticamente nulo”. Sin embargo, advirtió de que en la actualidad no existe una normativa penal o administrativa específica que permita actuar frente a publicaciones que exageran cifras de víctimas o promueven actuaciones destinadas a entorpecer el trabajo de las autoridades.

Sobre los mensajes que acusan directamente a empresas, personas o instituciones sin pruebas, Marchal explicó que la capacidad de actuación es muy limitada y que solo es posible intervenir cuando estos contenidos pueden encuadrarse en delitos de odio, injurias u otras tipologías delictivas concretas. En este sentido, subrayó que estos actores actúan de forma organizada y son conscientes de los límites legales, moviéndose “en esa zona gris donde no se les puede imputar ningún tipo de delito ni ningún tipo de infracción administrativa”.

Poniendo como ejemplo la evolución de la narrativa detectada en crisis recientes como la dana, donde en una primera fase se difundieron mensajes centrados en cuestionar las cifras oficiales y, una vez agotada esa línea, el discurso pivotó hacia la polarización social y la desestabilización, Merchán explicó que, tras analizar si una información es verdadera o falsa, resulta clave preguntarse “cuál es el origen y qué está buscando”, con el fin de anticipar y prevenir futuras campañas de desinformación.