Según informó este jueves la Policía, la operación se ha saldadoó con la detención de una mujer que carecía de la titulación necesaria para realizar estos tratamientos, como presunta responsable de los delitos de intrusismo profesional y contra la salud pública.

Los agentes descubrieron que el establecimiento se anunciaba en distintas redes sociales, donde ofertaba tratamientos a precios muy inferiores al valor real del mercado, registrando además un gran trasiego diario de pacientes.

La inspección, realizada con el apoyo de las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid, permitió localizar numerosos medicamentos que no contaban con autorización para su venta en la UE.

MATERIAL EN MAL ESTADO

Los viales se encontraban escondidos en un armario, tras un biombo publicitario y en una maleta de viaje, sin respetar las condiciones de seguridad necesarias para su conservación. Muchos de los medicamentos estaban además caducados.

Durante el registro se intervinieron numerosas cajas con viales de toxina botulínica y de ácido hialurónico, otras medicaciones y envases con agujas y jeringas que se almacenaban sin las medidas higiénico-sanitarias exigidas.

La investigación se inició en julio tras recibir una información a través de un teléfono policial, disponible las veinticuatro horas para denunciar delitos relacionados con medio ambiente, dopaje y consumo.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Los investigadores comenzaron las primeras indagaciones tras analizar los datos aportados por la denuncia ciudadana, que alertaba sobre posibles irregularidades en este centro estético de Coslada.

Las pesquisas policiales permitieron constatar que la responsable del establecimiento carecía de la formación y titulación exigida para realizar los tratamientos que ofertaba.

La inspección del local se llevó a cabo el pasado 16 de julio, en una actuación conjunta con personal de las áreas especializadas de la Comunidad de Madrid que verificó las irregularidades denunciadas.

Los expertos destacaron el grave riesgo que suponía para la salud pública la administración de estos tratamientos por personal no cualificado y en condiciones sanitarias inadecuadas.

La detenida quedó a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de delitos contra la salud pública e intrusismo profesional por realizar actividades sanitarias sin la titulación requerida.