“La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha tenido una ralentización en el ritmo de compromiso de fondos en lo que llevamos del año 2023, sobre todo en relación a 2022, cuando se produjo una importante aceleración en el lanzamiento de convocatorias de subvenciones y licitaciones”, advierte el resumen ejecutivo del documento elaborado por la consultora española, que computa los fondos como comprometidos cuando se publica la correspondiente convocatoria o anuncio de licitación, aunque el inicio del plazo para registrar solicitudes sea posterior.

Así las cosas, avisa de que los fondos Next Generation EU registraron entre enero y junio de este año los datos semestrales de ejecución relativamente bajos si se compara con los periodos anteriores. En este sentido, el informe subraya que en 2021 se comprometieron 20.620 millones –casi todos en el segundo semestre, dado que el Plan de Recuperación se aprobó en el mes de abril– y se superaron los 14.000 millones comprometidos de media durante los dos semestres de 2022 –12.856 millones en el primero y 15.540 en el segundo–.

Los motivos “más claros” de esta ralentización a ojos de LLYC son “la prolongada negociación final” de la Adenda –que ha modificado aspectos del Plan de Recuperación original– y la demora en la publicación de la reforma del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que la Comisión Europea aprobó en febrero pero que aún no ha aparecido en el diario oficial de la UE.

Adicionalmente, apunta como “factores adicionales” a la resolución de pre-notificaciones de programas presentados a la Comisión con el objetivo de ampliar su dotación –“como es el caso de la convocatoria de valles del hidrógeno” – o los cambios organizativos en ministerios “claves” para la ejecución del Plan de Recuperación.

UNO DE CADA CUATRO EUROS SIN ADJUDICAR

En cuanto a la gestión de los fondos, LLYC reitera en el informe que solo se dispone de datos actualizados de lo referido a la Administración General del Estado, “mientras sigue sin existir un registro actualizado de toda la información referida a las comunidades autónomas”.

Sobre los datos disponibles, señala que el Estado resolvió convocatorias y licitaciones por valor de 22.076 millones a 30 de junio de 2023, es decir, un 63,7% de los 34.660 millones comprometidos por la Administración General y un 31,4% del total de 70.316 millones del Plan de Recuperación.

Con ello, la tasa de adjudicación de fondos europeos por parte del Estado es de casi un 74%, por lo que habría adjudicado ya 16.316 millones de euros, un 23,2% del total del Plan y un 28,8% del total comprometido. Sin embargo, “uno de cada cuatro euros se queda sin adjudicar, convirtiéndose en remanente”.

5.760 MILLONES EN REMANENTES

Ante este nivel de adjudicación, LLYC avisó de que los remanentes de las dotaciones de convocatorias y licitaciones estatales siguen aumentando a medida que avanza la ejecución del Plan.

En esta línea, el informe subraya que, a 30 de junio, los importes no adjudicados y que deberían encontrar destino ascenderían ya a 5.760 millones, lo que supone un 10,2% del total comprometido por el Estado hasta ahora y un 8,2% del total del Plan de Recuperación original.

Con estas cifras, LLYC estima que “puede haber un total de más de 10.300 millones de remanentes cuando se adjudique el total del Plan”, siempre y cuando el Estado siga gestionando el mismo porcentaje del Plan de Recuperación que hasta ahora a través de convocatorias y licitaciones –el 56%–. A esta cifra, además, habría que sumar los posibles remanentes de la parte del Plan que gestionan las comunidades.