Las pesquisas comenzaron hace varios meses, al comprobarse que podría haber tráfico de influencias en la tramitación de expedientes por invalidez y falta de recursos, unas pensiones que apenas superan las 24.000 pesetas.

Los funcionarios detuvieron y volvieron a poner en libertad, tras prestar declaración, al funcionario de la Xunta Manuel Chouza Torrón, a José Mría Sánchez López y a José María Pereira Urado.

Los 2 primeros habrían actuado en connivencia y habrían cobrado al menos 2 millones de pesetas, según fuentes judiciales, por "captar a personas que pagaban una cantidad por la concesión de una pensión a la que no tenían derecho". El tercero, según las primeras investigaciones, percibió presuntamente 170.000 pesetas por un expediente que no llegó a gestionar.