El Ministerio del Interior informó de que los beneficiarios de las pensiones abonaban entre 9.000 y24.000 euros a los dirigentes de esta trama para la tramitación de su presunta incapacidad laboral.

El desmantelamiento de esta trama, que se ha producido en el marco de la "Operación 'Karlos'", se ha llevado a cabo en la provincia de Cádiz, donde han sido detenidas 28 personas y se ha imputado a otras 10.

Según Interior, las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre del pasado año, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de que una persona, identificada cómo C.C.M., podría encontrarse implicada en una trama organizada dedicada a la concesión irregular de pensiones por incapacidades laborales. Esto se llevaría a cabo mediante procedimientos ilegales y los responsables estarían encargados de captar a personas interesadas en obtenerla de dicha forma.

CONNIVENCIA DE FACULTATIVOS

Tras las primeras pesquisas se pudo constatar que esta persona contaba con la connivencia de un inspector médico, que se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos.

Estos informes falsificados eran utilizados para incorporarlos a la documentación que se requiere para iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente y se encargaba de supervisar estos documentos mediante cobro de dinero.

Además, informes médicos emitidos por especialistas han podido, incluso, ser falsificados por alguno de los facultativos implicados. Para ello, los interesados abonaban cantidades que oscilaba entre los 9.000 y los 24.000 euros, para beneficiarse de estas pensiones fraudulentas.

En los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.