Las investigaciones se iniciaron a principios de año, cuando los guardias civiles, a raíz de varias operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal asentada en Madrid y Toledo que estaría distribuyendo distintos tipos de drogas por todo el territorio nacional, especialmente en País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Asturias.

Según fueron avanzando las pesquisas, los agentes pudieron constatar que dicha organización utilizaba para el transporte de la droga vehículos con dobles fondos con sistemas de apertura muy sofisticados, que combinaban mandos a distancia e imanes de los propios mandos del vehículo. En concreto, cinco de los doce vehículos incautados, cuyo valor ascendía hasta 70.000 euros debido a sus complejos sistemas de seguridad.

Sin embargo, a pesar de contar con estos sistemas, también utilizaban vehículos de alta gama como "lanzadera" con el fin de detectar posibles controles policiales en las rutas que utilizaban para la distribución de la droga.

La Guardia Civil también comprobó que los cabecillas de la organización criminal contaban con distribuidores periféricos, encargados de la venta en su provincia y en las limítrofes. De hecho, pudieron determinar las diferentes funciones de cada uno de los miembros de la red, desde la dirección hasta la distribución, transporte o guardería, sin mezclar roles entre ellos, de modo que no tenían conocimiento del resto de integrantes. Junto a esto, utilizaban pisos en las localidades de Yuncos e Illescas (Toledo) como guardería de la droga, realizando desde estos la distribución por el resto de la geografía nacional.

Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil pudo detener a 31 integrantes de la organización, con actuaciones en Palencia, Asturias, Madrid, Toledo, Álava y La Rioja. Además, se intervinieron importantes documentos contables que permitieron conocer las cantidades de droga movidas, los precios de la misma y los vehículos utilizados.