Así lo confirmó este lunes la Policía en un comunicado, en el que detalla que la investigación se inició en febrero de 2025, tras detectarse un "patrón común" en diversos ciudadanos dominicanos que habían logrado entrar en España utilizando documentación colombiana aparentemente válida. Las primeras indagaciones permitieron constatar la existencia de una trama, mediante la cual estas personas viajaban previamente a Colombia para obtener, de manera fraudulenta, documentos oficiales de identidad.

Los agentes corroboraron que los detenidos contaban con la colaboración de varias organizaciones criminales asentadas en Colombia especializadas en el tráfico de migrantes. Estas redes facilitaban la obtención de cédulas de ciudadanía colombianas mediante procedimientos ilícitos en las oficinas encargadas del registro civil en el país. En algunos casos, detallan, los migrantes eran inscritos como ciudadanos colombianos utilizando datos de filiación de terceros que nunca habían tramitado su documento de identidad. En otros, se realizaban inscripciones con la participación de testigos falsos que corroboraban una supuesta falta de registro en el momento del nacimiento por razones diversas.

A partir de ahí, una vez obtenida la cédula de ciudadanía, los implicados solicitaban el pasaporte colombiano, documento que les permitía viajar sin necesidad de visado a países del espacio Schengen, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos dominicanos. El itinerario que seguían incluía su desplazamiento por distintos países de América del Sur, especialmente Perú y Brasil. Desde estos viajaban en avión hacia Europa, teniendo como destinos principales España, Portugal o Francia. No obstante, en la mayoría de los casos, España era el destino final debido a "factores culturales, lingüísticos y familiares". Los arrestados pagaban entre 5.000 y 10.000 euros por un "pack completo" que incluía la documentación, el alojamiento y el desplazamiento.

Las investigaciones también permitieron confirmar que algunos de los detenidos no solo utilizaron la identidad colombiana fraudulenta para entrar en España, sino que continuaron empleándola para diversas gestiones, como trámites en materia de Extranjería, registro en establecimientos hoteleros, apertura de cuentas bancarias, contratación de líneas telefónicas, envíos de dinero e incluso identificaciones ante agentes de la autoridad.

La operación contó con la colaboración internacional a través de los canales de cooperación policial bilateral, especialmente mediante el oficial de enlace de la Policía Nacional en el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado en Colombia. Así se tuvo conocimiento de diversas actuaciones llevadas a cabo por las autoridades colombianas contra organizaciones criminales implicadas en estos hechos, algunas de las cuales contaban incluso con la participación de empleados públicos en las oficinas de registro civil, lo que facilitaba la comisión de los fraudes.

En este contexto, se estableció contacto directo con la Policía Nacional de Colombia para verificar la verdadera identidad de los ciudadanos investigados. De ahí que fuese posible "determinar la filiación auténtica dominicana" de los implicados, así como acreditar el carácter fraudulento de la documentación utilizada.

Mientras, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia procedió a la cancelación de las cédulas de ciudadanía obtenidas de manera irregular, tras realizar los correspondientes cotejos y comprobar que los titulares no poseían doble nacionalidad ni cumplían los requisitos legales para su expedición.