Según informó este viernes la Policía, en la investigación han participado más de 200 agentes de distintas plantillas territoriales y fue coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia junto con la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática.

Entre los detenidos destacan un ingeniero informático, un exmilitar profesional -al que se le incautaron nueve armas de fuego y abundante munición- y un profesor de secundaria que tenía menores en régimen de acogida y que aprovechaba cualquier actividad para grabar a los menores.

Los agentes han intervenido gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores, 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento diferentes durante los registros realizados.

DESDE UN HOTEL

Las detenciones se han producido en 38 provincias españolas, con especial incidencia en Madrid (4 arrestados), Zaragoza (3) y Toledo (3). Los arrestos se han extendido desde Galicia hasta Andalucía y desde Cataluña hasta Canarias.

Uno de los casos más llamativos fue el de un individuo que utilizaba la conexión wifi pública de un establecimiento hostelero en Orense y fue identificado gracias al análisis de sus patrones de descarga en determinadas franjas horarias.

En Castellón, detuvieron a un ingeniero informático que había realizado una instalación por cable para compartir la conexión a Internet con su hermano, desde donde descargaba y distribuía el material ilícito.

El detenido en Coslada (Madrid) adoptaba medidas de seguridad y eliminaba el material descargado, aunque los investigadores pudieron acreditar su actividad ilícita. En el registro de su domicilio se encontraron nueve armas de fuego y abundante munición.

Especialmente grave es el caso del profesor de secundaria arrestado en Las Palmas, quien tenía menores en acogida y aprovechaba cualquier actividad para grabarlos mientras practicaban conductas sexuales o estaban desnudos.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La Policía ha habilitado el correo electrónico 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es' para que los ciudadanos puedan informar de manera anónima sobre casos de pornografía infantil.

Los investigadores recuerdan la importancia de no compartir ni almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que constituye un delito penal.

La complejidad de la operación ha estado marcada por el elevado número de investigados, la cantidad de registros efectuados y las múltiples autoridades judiciales implicadas en el caso.

La investigación, cuya fase operativa se desarrolló a principios de junio, ha permitido incautar miles de archivos de contenido ilícito que están siendo analizados por los especialistas policiales.