Según informó Interior este jueves, la investigación comenzó tras una denuncia presentada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades de las ayudas públicas otorgadas a once empresas domiciliadas en Elche.

Las empresas investigadas solicitaban subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de jóvenes cualificados o personas vulnerables. A pesar de que los contratos se formalizaban, en la mayoría de los casos no respetaban los requisitos que exige la normativa.

En muchas ocasiones, los trabajadores eran despedidos al poco tiempo, presentaban bajas voluntarias o las empresas cesaban su actividad.

Durante casi un año, el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad Orgánica de Policía de la Guardia Civil de Alicante analizó la trazabilidad del dinero recibido y detectó desvíos a gastos personales y transferencias entre cuentas bancarias vinculadas a los implicados. Parte del dinero fue utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama o fines ajenos al objeto de las ayudas.

La Guardia Civil efectuó, en el mes de abril, registros en el domicilio donde residía el considerado líder del grupo. En la operación se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y diversa documentación de interés, además de practicarse bloqueos de cuentas y propiedades.

La investigación culminó con la detención de cuatro personas y la investigación de otras dos, a todas ellas se les imputan los delitos de pertenencia a un grupo criminal, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.