La investigación se inició en septiembre del 2020 tras tener conocimiento de la supuesta comisión de un delito de falsedad documental, donde en un principio estaría implicado un varón que habría intervenido como gestor en la regularización de varios ciudadanos extranjeros.

Tras los primeros análisis de la documentación aportada en los expedientes de regularización por arraigo social y familiar de ciudadano de la Unión Europea, los agentes evidenciaron indicios de que, tanto esta persona como su pareja, habrían realizado contrataciones como empleados del hogar, iniciando los trámites de regularización con la administración.

Las pesquisas permitieron determinar que esta pareja de abogados habría regularizado a 22 personas de diferentes nacionalidades a través de contrataciones simuladas, las cuales fueron declaradas ficticias por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. A cambio de ello, los interesados habrían abonado la cantidad de entre 1.000 y 5.000 euros a los presuntos autores de esta trama.

Asimismo, los investigadores acreditaron la falsedad de diferente documentación, como pasaportes, certificados de antecedentes policiales, volantes de empadronamiento o cursos de idioma español, permitiendo acreditar a los solicitantes de residencia, su permanencia en España durante al menos tres años.

Como consecuencia de estos hechos, los agentes procedieron a su arresto a principios como presuntos responsables de un delito continuado de falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. También fueron detenidas otras seis personas por un delito de falsificación documental, al haber aportado en sus expedientes los contratos ficticios.