Antonio J.M., acusado de delito contra los derechos de los trabajadores, operaba como intermediario para la contratación de personas extranjeras desde una gestoría de Fuenlabrada. Rebeca M.L., por su parte, ofrecía trabajo en una empresa ficticia, a través de la que tramitaba además las solicitudes de permiso de trabajo de los inmigrantes, en su mayoría marroquíes.

La investigación comenzó tras las denuncias realizadas por afectados ante agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid. No se descartan nuevas detenciones, ya que se sospecha que Antonio J. utilizó otras empresas, además de la de Rebeca M., para lucrarse.