Así figura en una contestación por escrito que el Gobierno ha remitido al Congreso, donde Vox se había interesado por este asunto.

De acuerdo con esta respuesta, cuyo contenido ha sido recogido por Servimedia, en 2019, en que comenzó la XIV legislatura en las Cortes, hubo 411.903 detenidos e investigados, mientras que en 2022 fueron 470.364, lo que supone un incremento de 58.461 personas entre ambos años, un 14,1% más.

Por nacionalidades, los detenidos e investigados españoles pasaron de 270.301 en 2019 a 311.330 en 2022, un 15,7% más. Los extranjeros pasaron de 141.602 en 2019 a 159.034 en 2022, un 12,3% más.

El Ejecutivo explica que estos datos incluyen información de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías autonómicas y locales, que facilitan su contabilidad al Sistema Estadístico de Criminalidad.

“CONFICTO SOCIAL”

Respecto a la valoración de estos datos, en su respuesta el Gabinete de Pedro Sánchez explica que el aumento de detenidos en 2021 tiene que ver con los “notables efectos de la pandemia del Covid-19, que supusieron limitaciones de movilidad y menor contacto social”.

Desde La Moncloa se indica que “al irse volviendo a una situación de movilidad y contacto social ordinario” tras el coronavirus, han aumentado delitos de los que hablaba Vox en su pregunta, como los robos con violencia e intimidación, los hurtos o las riñas tumultuarias.

Según el Ejecutivo, a esta situación ha contribuido que “la salida de la situación pandémica se ha producido en un contexto de crisis económica internacional, con escasez de productos básicos, lo que incrementa el conflicto social por su acceso”.

Al mismo tiempo, en la respuesta se afirma que “no existe correlación entre incremento de los índices de la delincuencia con incremento de la inmigración irregular, ya que el hecho de que en las estadísticas de criminalidad conste la ciudadanía extranjera, no significa que la persona sea migrante, ni que siendo migrante sea irregular”.

Se explica que la alusión a que un arrestado no es un nacional quiere decir “que la ciudadanía no es española, pudiendo ser residentes extranjeros regulares, muchos de ellos ciudadanos de la Unión Europea”. Se añade “que estos datos no implican culpabilidad o condena, ya que tal circunstancia la establecen los órganos judiciales”.