Así lo puso de manifiesto durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados en la que dividió la educación y la formación en materia de seguridad vial en tres etapas: antes, durante y después de sacarse el carné de conducir.

Celebró que la Lomloe estableciera por primera la educación en el currículum educativo. A continuación, explicó que en España se expiden anualmente 600.000 nuevos carnés de conducir, siendo la media de edad de los nuevos conductores de 18 años en el ámbito rural y de unos 27 en las ciudades. “La cifra se mantiene relativamente estable en cuanto a los permisos y los nuevos conductores”, comentó.

Pere Navarro expuso que en España se realizan 850.000 exámenes teóricos al año y 960.000 pruebas prácticas, examen que aprueba a la primera el 47% de las personas, mientras que el 27% necesita tres o más convocatorias para lograrlo. Esto le sirvió para comentar que se ha conformado un grupo de trabajo entre la DGT y la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) para aumentar el número de aprobados.

A su vez, el director general de Tráfico confirmó que a finales de mayo la Dirección General de Tráfico incorporará 54 nuevos examinadores para pruebas prácticas, 23 de ellos en Cataluña, y 40 examinadores interinos por vacantes que se quedarán en su puesto hasta que un funcionario ocupe el puesto, con lo que este organismo contará con 855 profesionales de este tipo, la cifra más alta de los últimos doce años.

Del mismo modo, avanzó que se incorporarán 17 examinadores itinerantes, ocho en Cataluña, que aliviarán la situación en aquellas provincias más afectadas por las incidencias, las jubilaciones o las bajas por enfermedad. “Este diseño ha de permitir un funcionamiento razonable al sistema público para permisos de conducir”, manifestó.

Pere Navarro dejó claro que “el problema no es de falta de examinadores, sino de administrativos”, que son quienes hacen el trabajo previo antes del examen y quienes se ocupan de todo después de la prueba, y llamó la atención sobre el hecho de que en algunas provincias los examinadores se ven obligados a hacer el trabajo de los administradores.

“Si conseguimos resolver ese problema, los exámenes conocerán una mejora considerable”, sentenció para, a continuación, deslizar que también se podría “acabar con la cita previa obligatoria para pasar a la cita previa recomendada”.

CATALUÑA

Pere Navarro refutó que en Cataluña haya una lista de espera de 65.000 personas para realizar el examen teórico de conducción, lo cual “provocaría grandes manifestaciones ciudadanas”, y situó la cifra en 33.000.

Para paliar esta situación, observó que la DGT está estudiando llevar a cabo “una convocatoria de examinadores descentralizada” -cabe destacar que la prueba para ser examinador, a la que concurren particularmente profesores de autoescuela, se celebra una vez al año en Madrid- con el objetivo de “conseguir que profesores de autoescuela de Cataluña sean examinadores”.

El director general de Tráfico cifró en 847 lo conductores profesionales extranjeros en España, lo que le permitió trasladar que el hecho diferencial del país es Latinoamérica, donde “todo va por carretera”, gracias al idioma.

También reseñó que España cuenta con 3.500 centros de reconocimiento de conductores en los que se llevan a cabo 3,3 millones de renovaciones anuales, y transmitió que la DGT está probando en la España rural una “vía intermedia” con las personas mayores que conducen: permitir la renovación prohibiendo los grandes desplazamientos y los viajes nocturnos y reducirlos a un radio de 30 kilómetros desde el domicilio para ir al médico, al supermercado, al banco y otras gestiones. Hasta la fecha, indicó Pere Navarro, se han expedido 70.000 renovaciones de este tipo.

MOTOS

Por su parte, Pere Navarro afirmó que España cuenta con 843 centros de recuperación de puntos autorizados, en los que se han celebrado 6.140 cursos por los que han pasado 46.341 alumnos.

Consideró un “disparate” que el año pasado fallecieran 1.145 personas en accidentes de tráfico en España, lo que calificó como “muertes violentas”; no obstante, recalcó que el país tiene una tasa de 36 fallecidos en siniestros viales por cada millón de habitantes, por debajo de la tasa europea, que es de 46, y por delante de Bélgica, Austria, Francia, Italia y Portugal, pero por detrás de Suecia, Dinamarca, Alemania y Países Bajos.

El director general de Tráfico consideró que el “gran salto en la seguridad vial” es las motos con airbag y anunció que “antes de verano” la Guardia Civil recibirá airbags para sus patrullas y se pondrá en marcha una campaña de sensibilización.

En el caso de la mortalidad de los motoristas, avanzó que se llevará a cabo una actualización de los cursos de recuperación de puntos para incorporar un perfil específico para los motoristas que han perdido su saldo de puntos y para los que se programarán cursos de conducción segura y eficiente; se establecerá un curso obligatorio para los conductores del permiso B con tres años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos; se establecerá como obligatorio el uso del casco integral o modular y los guantes homologados a los motoristas en carretera; se obligará a las empresas a que proporcionen cursos de actualización de capacidades a empleados que dependen para su trabajo de la moto; y se revisará el examen tipo A (motos de gran cilindrada) para dar más peso al apartado práctico.

SOMNOLENCIA

Pere Navarro alertó de que el 42% de los muertos por carretera se debe a la salida de la vía, que es provocada por velocidad inadecuada, el abuso del alcohol y la somnolencia, que representa al 7% de los siniestros, lo que cree que puede ser un aviso de una “incipiente crisis de salud pública” derivada de los problemas de sueño de los españoles.

Tras reiterar la importancia de los dispositivos de preseñalización V16 para evitar atropellos en carretera, reiteró que este año se realizarán 400.000 pruebas de alcoholemia más y se incrementarán hasta 120.000 los test de detección de drogas.

Del mismo modo, avanzó la instalación de 88 nuevos radares fijos, de los que el 60% serán de tramo y precisó que las muertes en ciudades vinculadas al tráfico han de atajarse situando límites de 30 kilómetros por hora y desarrollando los preceptos contenidos en la Ley de Movilidad, que actualmente está en trámite parlamentario.

Por último, fijó que los retos a medio plazo en materia de tráfico son el vehículo conectado y las ayudas a la conducción, comentó que el desafío a largo plazo es el vehículo autónomo y expuso la necesidad de avanzar en la coordinación entre administraciones, en la colaboración público-privado y en la autorresponsabilidad de todos los actores involucrados en la carretera.