Esos radares entraron en funcionamiento hace justamente un mes, cuando la DGT puso en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad que se prolongó durante una semana, pero hasta ahora no sancionaban.

Uno de los cinco radares es fijo está en la CL-101 en Soria (kilómetro 7,020 en sentido decreciente) y los otros resultan ser de tramo, dos de ellos en Segovia (la N-110 desde el punto kilométrico 158,7 hasta el 161,3, en ambos sentidos), además de otros dos en Albacete (la CM-412 desde el punto kilométrico 202,5 hasta el 208,15, en ambos sentidos).

Todos están debidamente señalizados en la carretera y su ubicación publicada en la página web de la DGT y a disposición de los operadores de servicios de información al tráfico para que los incluyan en los navegadores.

Durante el primer mes de funcionamiento de esos radares, los conductores que rebasen los límites permitidos recibieron una notificación informativa advirtiéndoles de que han sido captados por uno de estos dispositivos. Pasado ese tiempo, los excesos de velocidad serán denunciados y sancionados.

La velocidad es uno de los factores de mayor impacto en la seguridad vial, tanto por el aumento del riesgo de siniestro como por la gravedad de las consecuencias, según la DGT.

ACTUACIÓN PRIORIATIRA

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica el control de la velocidad como actuación prioritaria dentro de la estrategia de ‘tolerancia cero’ con los comportamientos de mayor riesgo al volante.

En 2024, la velocidad inadecuada incidió de manera determinante en 307 siniestros mortales en el ámbito de la DGT (todas las comunidades salvo Cataluña y País Vasco), que representan un 22% del total, y se mantiene como el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros viales.

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC, por sus siglas en inglés) señala que reducir tan solo 1 km/h la velocidad media permitiría evitar más de 2.200 fallecimientos al año en las carreteras de la UE. Por el contrario, un aumento en 10 km/h incrementa un 220% el riesgo de siniestro mortal.

Además, los usuarios vulnerables sufren las consecuencias más severas. Mientras que a 30 km/h el riesgo de fallecimiento de un peatón atropellado es de un 5%, a partir de 80 km/h resulta “prácticamente imposible” que sobreviva, según la DGT.

Pese a estas evidencias, los datos muestran que la velocidad inadecuada continúa siendo una práctica habitual, pues cerca del 60% de los conductores españoles reconoce haber circulado deliberadamente por encima de los límites permitidos en carreteras convencionales, casi la mitad admite hacerlo en vías urbanas y más del 60% en autopistas y autovías.

Superar los límites establecidos puede conllevar sanciones de entre 100 y 600 euros, además de la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir.

Asimismo, el Código Penal establece como delito superar en 60 km/h la velocidad máxima permitida en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas, con penas que pueden incluir prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir.