Esta formación política considera que por imperativo ético y por precepto constitucional "el Estado debe ser el garante del derecho del enfermo de ida a recibir una atención sanitaria y social digna".

A juicio del PP, las administraciones son las responsables de poner en práctica programas formativos e informativos, "desarrollando así una adecuada política preventiva y concienciadora para evitar la discriminación y conseguir la plena integración de los afectados en todos los estamentos sociales".

También hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana, expresa su agradecimiento a los colectivos de ayuda a estos enfermos e insta a la Administación al ejercicio de la defensa de los derechos de los ciudadanos y a la puesta en marcha de medidas preventivas para evitar su extensión.