En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz insistió en que se trata de una ley importante, ya que cada semana se quedan sin pagar en España 2,5 millones de horas extra.

“No se cotiza a la Seguridad Social, no genera derechos y tiene un impacto en la Hacienda Pública”, recordó la ministra de Trabajo.

La vicepresidenta segunda recalcó que “se está trabajando en el seno del Gobierno” para aprobar la norma que pondrá fin a la “vulneración y la irregularidad manifiesta” y se mostró “muy optimista” al respecto.

A comienzos de mes, CCOO y UGT exigieron a Trabajo la trasposición de la directiva europea de transparencia salarial y el endurecimiento del control horario, y Díaz prometió que sería el siguiente paso de su Ministerio.

No obstante, debe pulir el texto con el Ministerio de Economía, donde mantienen que esta cuestión sigue siendo de máxima prioridad para el Gobierno.