Así se expresó Díaz en declaraciones a los medios desde Santiago de Compostela, poco después de que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunciara junto a los sindicatos CCOO y UGT un acuerdo bilateral para incrementar el SMI hasta los 1.134 euros al mes por 14 pagas.

Para Díaz, la “mejor política social del Gobierno” es la subida del SMI, ya que “combate “ la brecha salarial de género y la pobreza laboral. Además, subrayó que conforme va revalorizándose este indicador son más los empleados afectados, que ya superan los 2,5 millones en toda España. Igualmente, puso en valor que esto “tira de todos los salarios al alza.

“Hoy es un día de satisfacción, alegría, demostración de que estamos en el Gobierno de España para mejorar la vida de la gente. Se está en los gobiernos para hacer exactamente esto”, ahondó la también líder de Sumar.

Sobre el rechazo de la CEOE, Díaz comentó que cuando la CEOE presentó a finales del año pasado una propuesta para elevar el SMI un 3% y otro 1% en función de la inflación pensó que “se iba a colocar del lado de la gente de España” y lamentó que finalmente no haya sido así.

De hecho, defendió que revalorizar el salario mínimo no solo beneficia a los trabajadores, sino al conjunto de la economía, dado que permite que aumente el consumo en pequeños negocios como librerías o cafeterías.

Por este motivo, indicó que es “un error” la postura de la CEOE y denunció que “no están del lado de la gente de su país”, ante el que dijo que “tendrá que rendir cuentas”. “Lo siento muchísimo”, enfatizó la vicepresidenta segunda, que aseveró que “hoy la patronal se coloca” al lado de “intereses ideológicos” y no junto a la ciudadanía.

Finalmente, destacó que España tiene un diferencial negativo de 25 puntos con Europa y avisó de que “nunca hablamos” de los grandes salarios de los grandes consejos de administración ´administración de las energéticas o la banca. “Ahí hay que poner el foco. No en quienes perciben 1.545 euros de media”, resolvió Díaz.

Cabe recordar que la cifra no era el principal problema para el pacto este año, ya que la propuesta inicial de la patronal pasaba por una revalorización del 3% y un 1% más a posteriori en función de la evolución de la inflación. Pero ello estaba supeditado a que el Gobierno indexara los incrementos del SMI al coste de los contratos públicos que se vieran afectados por este indicador, así como la aprobación de una bonificación del 20% de las cotizaciones a las empresas del sector del campo.

Yolanda Díaz se mostró receptiva en un inicio a la petición de los contratos públicos pero la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó de plano la medida. Ello alejó la posibilidad de que la patronal respaldara el alza del 4%, ya que ponía como condición indispensable este aspecto.