Así se expresó Díaz tras reunirse con representantes de supermercados cooperativos y ser preguntada por los medios por la decisión de Uber Eats, empresa que se mostró remisa a dejar de colaborar con autónomos y a la que Trabajo abrió una investigación por ello, después del precedente de Glovo, que se enfrentó a multas millonarios por la misma causa.

Pero Uber Eats evitó el ‘choque’ de trenes y avanzó este jueves que dejará de colaborar con trabajadores por cuenta propia, lo que para Díaz, esgrimiendo la ‘ley rider’, eran “falsos autónomos”. Con ello, la empresa pone fin al conflicto legal que se le avecinaba.

“No puedo más que mostrar satisfacción”, declaró Díaz, quien proclamó que “legislar sirve” y sentenció que “no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que se coloque al margen de la ley”.

Al respecto, la vicepresidenta segunda añadió que “el principio de legalidad opera en España” y se congratuló de que, con esta decisión, todas las grandes empresas de reparto ya cumplen la legislación vigente.

Igualmente, explicó que se van a aflorar unos 50.000 empleos en España, con alrededor de 100 millones de euros fruto de expedientes administrativos. “Un trabajador con una aplicación en su mano y una bicicleta no era un emprendedor y hoy se corrobora. Esto es una muy buena noticia”, zanjó Díaz.

Por otra parte, Díaz insistió en señalar que la propuesta de financiación autonómica realizada por el ministerio de Hacienda y pactada con ERC, mejora el sistema actual, aunque precisó que es “negociable y mejorable, como todo”.

En cualquier caso, incidió en rechazar las críticas del PP, ya que refuerza los recursos disponibles para todos los gobiernos autonómicos y cumple los mínimos de fondos que plantearon regiones como Andalucía o Galicia.

En otro orden de cosas, hizo hincapié en que se va a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año, manteniéndose exento de tributación, y expresó su deseo de que se pueda alcanzar un acuerdo con los sindicatos que también incluya a la patronal.

Finalmente, recalcó sus diferencias con el PSOE en vivienda y la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar incentivos fiscales para los caseros que no suban el precio del arrendamiento a sus inquilinos.

En su defecto, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición apremió a evitar que los propietarios puedan disparar el precio del alquiler este año, lo que podría afectar a unas 600.000 familias. “Hay que actuar”, exhortó.