Lo dijo durante su defensa en el Pleno del Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

En su intervención, Díaz dejó claro que el real decreto “no es un texto normativo más”, ya que “contiene en sus preceptos la labor sostenida de miles de personas artistas de nuestro país agrupadas en decenas de sindicatos, asociaciones y uniones de profesionales”.

En ese sentido, les agradeció que “nunca habéis renunciado a vuestros derechos y a los que os pertenecen como trabajadores” y que crean en su trabajo y en su peso en la sociedad, una actitud que ha permitido “escribir un nuevo capítulo en nuestro libro de conquistas laborales”.

Yolanda Díaz dio por hecho que seguirá trabajando “codo con codo” con los artistas, puesto que “queda mucho por hacer” en lo concerniente a sus derechos laborales.

Tras este aparte con los artistas, la vicepresidenta segunda subrayó que la parte del real decreto dedicada a los artistas es el fruto de una “modélica colaboración interministerial” con los departamentos de Cultura y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cuyos titulares, Miquel Iceta y José Luis Escrivá, respectivamente, agradeció su aportación.

Destacó que las normas contenidas en el real decreto posibilitarán “poner las bases para romper con una discriminación histórica, con una zona de sombra intolerable” que alejaba a los artistas de “la protección y el reconocimiento de sus derechos debidos”.

Refrendó la importancia de “cuidar, estimular y proteger las condiciones laborables y la posibilidad material de creación artística” ajustándolas a “la intermitencia de actividad inherente a este sector”, y que hasta la fecha provocaba un “injustificable trato con otros trabajadores, que este real decreto subsana”.

MEDIDAS

Luego de esta declaración de principios, Yolanda Díaz detalló algunas de las medidas que el real decreto incorpora para mejorar la protección social de los artistas, como la creación de una prestación específica por desempleo adaptada a la precariedad que sufren estos trabajadores, una prestación que representa un cambio en el régimen ordinario de protección social de éstos al extender el concepto de trabajador de la cultura a los técnicos.

Podrán acceder a esta prestación quienes acrediten estar en situación legal de desempleo y acreditar 60 días cotizados por prestación real de servicios en la actividad artística en los últimos 18 meses, y quienes atestigüen 180 días de alta en la Seguridad Social por prestación real de servicios en la actividad artística o regularizaciones anuales ya efectuadas en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo siempre que no hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de una prestación previamente.

La duración de la prestación será de cuatro meses y estará dotada con una cuantía de hasta el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para las cotizaciones que superen el umbral de 61 euros, mientras que por debajo de ese nivel corresponderá una prestación del 80% de ese indicador.

La norma también incluye la extensión de la compatibilidad del 100% de la pensión de jubilación con la actividad artística, también para las clases pasivas; permite a los beneficiarios de una pensión no contributiva poder compatibilizarla con rendimientos de su actividad artística, siempre que no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); regula la cotización de los pensionistas cuando realicen actividades artísticas, que será únicamente por contingencias profesionales, con una cotización especial de solidaridad del 9% de contingencias comunes; y, en el caso de los artísticas autónomos de bajos ingresos (iguales o inferiores a 3.000 euros anuales), se incluye una cotización reducida (de 526,14 euros, que se traduce en una cuota mensual de 161 euros), y se abre la posibilidad a solicitud del interesado de que el plazo de ingreso de las cuotas sea trimestral en vez de mensual.

Yolanda Díaz expuso que el real decreto incorpora “tres grandes compromisos de gran futuro”: la creación de un grupo de trabajo que estudiará e impulsará medidas de reconocimiento de la intermitencia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social de los artistas y trabajadores autónomos de la cultura; de otro que busca impulsar la evaluación y el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales derivadas de las actividades específicas en el sector cultural; y la aprobación de beneficios fiscales aplicables en 2024 para la organización de la Bienal de Arte Manifiesta por parte de Barcelona.

“CULTURA: RAZÓN DE ESTADO”

La vicepresidenta segunda concluyó su intervención proclamando que “la cultura y el trabajo artístico deben ser vibrante razón de Estado, una afirmación política, un contrato indefinido con el futuro de la sociedad”.

Por ello, tras recordar la unanimidad con la que se aprobó el informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista en el Congreso de los Diputados del que bebe el real decreto, reclamó el apoyo unánime de la Cámara Baja a estas medidas.