La cuestión del despido tendrá que abordarla en la sesión de control, donde el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador instará a Díaz a que aclare si va a reformar la regulación del despido en España para acomodar la legislación a los mandatos del Comité Europeo de Derechos Sociales.

UGT primero y CCOO después presentaron en la pasada legislatura una demanda colectiva contra España ante el mencionado Comité para denunciar el “bajo” coste del despido en España y para exigir que las indemnizaciones sean realmente disuasorias para el empresario y que, de acudir a la figura del despido improcedente, se resarza el daño causado al empleado de forma más adecuada de lo que sucede en la actualidad.

El pasado año, el Comité avaló buena parte de estos argumentos y abrió la puerta a que los empresarios no sepan cuál será la indemnización máxima de forma tasada ante un despido improcedente, de forma que este importe dependa del perjuicio causado al empleado en función de sus circunstancias personales, como las cargas familiares o la edad.

Díaz se comprometió a acometer esta reforma después de la reducción de la jornada laboral, una cuestión que todavía debe ser aprobada en segunda vuelta en Consejo de Ministros y afrontar una procelosa negociación parlamentaria pues sin Junts o el PP, la reforma del Estatuto de los Trabajadores no verá la luz.

ESPAÑOLES POR EL MUNDO

Tras la sesión de control al Gobierno del miércoles, la titular de la cartera de Trabajo responderá a una interpelación urgente de Vox, partido que pedirá a Díaz que informe sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para que los españoles que trabajan en el extranjero vuelvan a España.

Cabe recordar que en la crisis económica que estalló en 2008 el paro se desbocó y llegó a alcanzar tasas de hasta el 26%, mientras que ahora se sitúa por debajo del 11%, si bien el dato sigue siendo el más elevado tanto de la Unión Europea como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En aquella emergencia económica, centenares de miles de españoles se marcharon a otros países para poder tener un empleo y no todos han regresado a España pese a la mejora de la coyuntura económica.

Vox ha alertado en numerosas ocasiones de que se promueven más políticas para favorecer a las personas migrantes que a los propios españoles, lo que se desmiente desde el Ejecutivo y se tacha de “xenófobo” y “racista”.