Así se expresó Díaz durante el debate de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde resaltó que el total del presupuesto del Ministerio de Trabajo para el próximo ejercicio será de 29.473 millones, un 2,22% menos, lo que calificó de “buena noticia”, ya que se debe a la bajada en el gasto en prestaciones. De hecho, la ministra resaltó que sin tener en cuenta esa variable los fondos crecerían en 523 millones de euros.

Además, puso en valor que el próximo año se acaba con uno de los “recortes” del PP aprobado en los conocidos como “viernes de dolores”, cuando se aprobó que desde el sexto mes de cobro de la prestación por desempleo la base reguladora se reducía del 60% al 50%. Ahora, según la ministra, se revierte esta decisión y cada persona desempleada verá incrementada de media su prestación en unos 100 euros al mes.

A su juicio, esto permitirá que los perceptores de prestaciones contributivas no pierdan poder adquisitivo el próximo año ante “una inflación que es absolutamente imposible en nuestro país”.

Además, destacó la subida hasta los 600 euros del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el indicador que se usa como referencia para calcular el acceso a determinadas ayudas y beneficios de protección social.

Por otra parte, celebró que las políticas activas de empleo alcanzarán su “mayor cifra de la historia”, con más de 8.000 millones de euros, de los que 6.847 se gestionarán por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que, además, se transformará con la Ley de empleo que se está tramitando en el Parlamento. Igualmente, remarcó que se van a mantener los fondos transferidos en esta materia a las comunidades autónomas.

Sobre el SEPE, Díaz también presumió de que en 2023 “ya no va a ser necesaria la aportación del Estado para equilibrar las cuentas” de este organismo. “Protegemos a más personas y somos más eficientes con la gestión del Gobierno”, aseveró. Al hilo de esto, señaló que los ingresos por cuotas van a alcanzar los 27.000 millones de euros, “la cifra más alta de la historia”, a lo que contribuye también incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

ECONOMÍA SOCIAL

Por otra parte, la ministra de Trabajo detalló que la economía social va a “recibir un impuso de extraordinaria relevancia, ya que incrementamos el presupuesto en 34 millones de euros”, de forma que alcanzará los 81 millones.

Díaz contrapuso esta situación con los menos de nueve millones que había de presupuesto para la economía social en 2020 y resaltó que España dará mucha importancia a esta parte de la economía en la Presidencia de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2023.

En su alocución, la vicepresidenta segunda alabó la labor de las empresas de economía social en todas sus fórmulas y recordó que suponen más de 42.000 compañías, 2,5 millones de trabajadores y más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.

También subrayó el aumento del presupuesto para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que llegará a los 206,4 millones de euros, acumulando más de un 41% de alza con el actual Gobierno. En paralelo, incidió en el incremento de 26 millones de euros para la lucha contra los riesgos laborales.

Más allá de su departamento, Díaz reconoció que todos los países europeos se enfrentan a una “gran incertidumbre”, por lo que sostuvo que estos presupuestos “dan respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía, porque sirven para proteger a las personas, al tejido productivo y al empleo al mismo tiempo que avanzan en la transformación económica, verde y digital”.

NO ES NO

En el turno de defensa de enmiendas, el diputado del PP Diego Movellán ironizó contra Díaz asegurándole que tiene “escondido” el empleo del que presume y le avisó de que “el mercado laboral le dice no es no a cada vez más mujeres españolas”. Además, reprochó a la ministra no haber conseguido las cifras de empleo que proclama ni “manipulándolas”.

En su intervención, exigió al Gobierno que levante "el veto” a las enmiendas del PP que, entre otras cuestiones, están relacionadas con la creación de un fondo para financiar programas de fomento del empleo juvenil con 150 millones de euros, así como un instrumento dotado con 100 millones para la lucha contra el paro de larga duración.

La diputada de Ciudadanos María Vidal criticó que “España no es país para jóvenes” y denunció la diferencia que existe entre el alza de los salarios de este colectivo en comparación con el mayor incremento de las pensiones. Asimismo, pidió que se acepten sus dos enmiendas en materia laboral, que apuestan por conceder un año de teletrabajo a quienes adopten a un hijo, así como por conectar las diferentes bases de datos de los organismos sobre empleo.

Desde Más País, Inés Sabanés alertó de los riesgos del cambio climático y pidió que empresas y trabajadores aborden estas cuestiones conjuntamente. Además, explicó que sus enmiendas proponen, entre otras cuestiones, la instauración de una figura del delegado sindical para la transición ecológica, similar a la de riesgos laborales.

Mientras, el parlamentario del PDeCat Genís Boadella criticó que haya enmiendas como las relativas a los centros especiales de empleo que no han conseguido sacar adelante, aunque sí sacó pecho por los “hitos” con los que su partido ha podido contribuir a mejorar los presupuestos.