Así lo denunció en un comunicado en el que aseguró que le “llama la atención” que ambas iniciativas sí estén recogidas en el Plan estratégico nacional para la reducción de la obesidad infantil (2022-2030) y expresó su “descontento” por el hecho de que el Gobierno deje “de lado” la puesta en marcha de estas propuestas “esenciales para proteger la salud de la población infantil”.

En este punto, su presidenta, Alma Palau, censuró que las “crecientes” cifras de sobrepeso y obesidad infantil en España, que se sitúan en el 40,6% según el Informe Aladino 2019, “parecen no ser motivo de alarma suficiente para que nuestros gobernantes tomen la iniciativa”.

Por este motivo, estimó “fundamental” la puesta en marcha de estas dos propuestas con el fin de “promover la creación de entornos alimentarios saludables y reducir la exposición de la población infantil y juvenil a alimentos y bebidas insanos para su salud presente y futura”.

“Un niño con obesidad es potencialmente un adulto que vivirá con obesidad; es mucho más sencillo prevenir durante la infancia que revertir más adelante", advirtió, para defender que, "por ello, la educación alimentaria debe ser una prioridad”.

Tras recordar que, durante el pasado ejercicio, junto a la Academia Española de Nutrición y Dietética, presentó más de 40 alegaciones al proyecto de Real Decreto del Ministerio de Consumo por el que se desarrollan los artículos 40 y 41 de la Ley de seguridad alimentaria y nutrición para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, el organismo dijo “esperar” que el Gobierno “recapacite y facilite” la puesta en marcha de ambas iniciativas a lo largo de 2023 para que entren en vigor “lo antes posible”.