La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aprovechó el debate para lanzar un mensaje electoral y expresar su deseo de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "gane el derecho a la vivienda".

Durante su intervención, Rodríguez vinculó las medidas incluidas en la norma con la campaña electoral y contrapuso el modelo del PSOE al que, a su juicio, representan PP y Vox.

Además, reinvidicó que quienes secundaron la jornada de protesta "saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto" y aseguró que "esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre".

La titular de Vivienda acusó al PP y a Vox de plantear una "profunda involución democrática" y afirmó que, en materia de vivienda, su propuesta supone "volver al año 1996, volver al pelotazo y a la desprotección ciudadana".

Asimismo, criticó que ambas formaciones vuelvan a votar en contra de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. "Hoy de nuevo las señorías del Partido Popular y de Vox votarán en contra de este real decreto. Votarán en contra del derecho a la vivienda", manifestó.

Durante su discurso, reivindicó las principales medidas incluidas en el decreto, entre ellas la ampliación de la protección frente a los desahucios, las limitaciones a las actualizaciones de los alquileres, las deducciones fiscales para inquilinos, los incentivos a pequeños propietarios, la reducción al 4% del IVA para vivienda protegida y la línea de préstamos públicos 'Tu Casa', dotada con 10.000 millones de euros.

Además, Rodríguez pidió expresamente la movilización electoral de quienes apoyan las políticas impulsadas por el Gobierno. "Quiero hacer un llamamiento a la movilización, a que toda aquella gente que cree en el derecho a la vivienda se manifieste en las urnas el próximo 29 de noviembre", declaró.

En el turno de réplica, Rodríguez reprochó al PP especialmente a los populares que rechacen declarar zonas tensionadas, lo que permitiría limitar las subidas del alquiler, y sostuvo que "morro es lo que tienen ustedes cuando dicen que la ley no funciona y no la aplican".

Por su partido, Javier Alfonso defendió el decreto de vivienda como una respuesta directa a las demandas expresadas en la huelga y las movilizaciones del día anterior y aseguró que "España salió a la calle para defender que la vivienda es un derecho innegociable".

APOYO DE LOS SOCIOS

Verónica Martínez Barbero, representando a Sumar, defendió el decreto como un acto de reparación hacia Maricarmen y sostuvo que permitirá garantizar derechos básicos en materia de vivienda. A su juicio, se trata de "un decreto de mínimos" que debería haber concitado un amplio consenso.

No obstante, expresó su rechazo a la "flexibilización" de los planes de ahorro incluida en el decreto, al considerar que se ha introducido "de tapadillo" y que incentiva el traslado de los ahorros de pequeños inversores hacia la bolsa "en el peor momento", con cotizaciones elevadas y riesgo de caídas.

Desde ERC, Gabriel Rufián no se pronunció sobre el sentido del voto, pero acusó a PP, Vox y Junts de votar "en contra de la gente" y subrayó que en España se necesitan "59 años de salario" para pagar una "Si el pan hubiera subido como han subido los pisos, una barra de pan costaría 13 euros. Nadie dudaría de intervenir en el mercado del pan", afirmó.

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, señaló que se trata de un “decreto de emergencia” que no modifica las condiciones de acceso y afirmó que no le “duelen prendas decir que es un avance, pero es un avance insuficiente”. “Es, en definitiva, un punto de partida, nunca puede ser entendido como un punto de llegada”, añadió.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, defendió el apoyo de su formación al decreto de vivienda aunque reconoció que "este no es el decreto que nosotros hubiéramos consensuado", sostuvo que "por fin arregla el desaguisado de la ley de vivienda". Insistió en que la intervención no debe ser la única medida: "Regulación sí y construcción también".

Por último, el diputado del BNG, Néstor Rego, confirmó su voto a favor, pero subrayó que la huelga fue un “toque de atención” para el Gobierno.

LA DERECHA, EN CONTRA

Por el PP, José Vicente Marí Bosó cargó duramente contra la política de vivienda del Gobierno y llegó a reclamar de forma implícita la salida de Isabel Rodríguez al afirmar que ha sido "la peor ministra de la democracia" y pidió expresamente su dimisión.

Marí Bosó acusó además al Gobierno de actuar con "populismo" y de intentar reabrir mediante la Diputación Permanente un debate ya resuelto por el Congreso, al tiempo que denunció que el Ejecutivo ha utilizado la vivienda con fines electorales.

"Usted se ha dedicado a repartir culpas a todo el mundo y a maquillar el problema en lugar de resolverlo", reprochó a Rodríguez, a la que responsabilizó de no haber conseguido aumentar la oferta residencial durante la legislatura.

El diputado de Vox Carlos Hernández Quero cargó contra el decreto y sostuvo que limitar los alquileres, imponer prórrogas forzosas o restringir los desahucios de personas vulnerables genera "desconfianza e incertidumbre" entre los propietarios, reduce la oferta disponible y acaba elevando los precios.

Además, afirmó que las políticas del Ejecutivo han creado una "casta de inalquilables" formada por personas que ni siquiera consiguen acceder al mercado del alquiler, que cifró en 3,2 millones de personas. A su juicio, la combinación de regulación y falta de construcción ha provocado una caída de la oferta y una mayor exclusión de los perfiles con menos recursos.

Desde Junts, que tumbó este decreto en octubre tras haberlo negociado con el Ejecutivo, el diputado Josep Cruset volvió a confirmar su negativa al texto al considerar que el Gobierno únicamente ha introducido "cuatro cambios estéticos" y mantiene la misma “esencia” que ya fue rechazada por el Congreso.